La inacción de la Junta está detrás de las inundaciones

En 2016, como en años anteriores, y no es descartable que como en el que acaba de comenzar, el agua impuso su lógica y tomó posiciones en forma de inundaciones incontrolables en la comunidad. Desde la Junta, en concreto el director general de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, Juan Serrato, aseveró tras comprobar los estragos de uno de los últimos temporales que, aunque parezca obvio, «la mejor manera de evitar inundaciones es no construir en zonas inundables», sólo «compatibles» con elementos como parques, jardines y zonas verdes urbanas. El «problema» es que, pese a la repetición de instantáneas anegadas, «se siguen aprobando planes urbanísticos» en esas áreas, y «se continúa legalizando lo levantado» en ellas, apuntan desde varias fuentes consultados por LA RAZÓN, que añaden que «falta gestión» con largueza por parte de la Administración regional.

Según un estudio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla (ETSA) publicado el año pasado y titulado «El urbanismo de la no ciudad», son «167 los enclaves situados en zonas inundables de diversa consideración» en la comunidad, a la luz de una cartografía que les proporcionó el Ministerio de Medio Ambiente, aunque los autores de ese análisis, aseveraron que cabía «suponer razonablemente» que el número real era «superior» por falta de actualización de los datos. Al margen de la cantidad, se da una particular concentración de territorios afectados en las provincias de Cádiz (33%), Málaga (30%) y Huelva (17%), además de en determinados puntos de las inmediaciones de Jaén capital y de Córdoba. El propio Gobierno andaluz y Ecologistas en Acción señalan que existen zonas «con riesgos históricos de inundaciones» como «las proximidades del río Almanzora, los márgenes del Guadalhorce, o poblaciones como las malagueñas Cártama y Campanillas».

Tanto para el miembro de Ecologistas y presidente de la Asociación de Defensa del Territorio del Aljarafe (ADTA) Juan Antonio Morales, como para el integrante del Centro Ibérico de Restauración de Ríos (Ciref) y consultor ambiental, Tony Herrera, se pueden diferenciar dos vertientes en torno a este asunto: de un lado «lo ya construido que está consolidado y que incluye urbanizaciones en zonas de ríos y asentamientos en áreas de dominio público hidráulico», cuyas soluciones son «difíciles de abordar» y «se está parcheando con legalizaciones puntuales en lugar de buscar una global». De otro, se encuentran los planeamientos. «En ese aspecto se ha mejorado y se está exigiendo que las zonas inundables no puedan ser urbanizables», apunta Morales, si bien, puntualiza que ese avance «no está siendo uniforme». Es más, asegura que su organización ha constatado la existencia de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que «se citan normas inventadas», así como en «documentos de la Junta». «Todavía se opone resistencia a que los nuevos planeamientos contemplen los sitios inundables como no edificables y se deben revisar algunos en vigor», recomienda el ecologista.

Herrera apunta otra arista del prisma: «La necesidad de proteger zonas urbanas consolidadas con peligro de inundación es lo que está impulsando en Europa la restauración de ríos. Se están haciendo proyectos para que las corrientes se desborden antes de llegar a las ciudades y no en ellas». «Y se hace –complementa– destinando incluso dinero para compensar a los propietarios afectados, lo que supone no tener que pagar luego aprisa y corriendo por reparar los daños tras el temporal». El consultor indica a este periódico que Europa cuenta con una directiva de inundaciones y España, como el resto de países de la Unión, atesora ya «estudios de riesgos para distintas intensidades de lluvia y planes de prevención», con lo que, si «se construyen viviendas o inmuebles públicos al margen de esa información, se incumplirá la ley y se debería denunciar en cada caso para que los responsables de autorizarlo respondan ante los tribunales», lanza. «Ahora las reglas del juego y los peligros son claros», remata.

Como Morales, se opone a «las grandes limpiezas de los ríos con máquinas» al calor de las reclamaciones ciudadanas poslluvias torrenciales y aboga por la «conservación de los cauces», de la que se debería ocupar «personal bien formado que sepa lo que hay que hacer, lo que sería además una buena fuente de empleo estable». A su juicio, «la política de gestión del agua de la Junta está muy parada». «Le falta impulso, tener claro qué y cómo se quiere hacer y luego implantarlo con decisión». Con ese fin, «habría que reforzar los equipos técnicos que tiene más allá de la ingeniería clásica». «Antes –se explica– en las confederaciones hidrográficas había sobre todo ingenieros para hacer obras y aprovechar al máximo los ríos, pero ahora la premisa es muy distinta. La Directiva Marco del Agua europea indica que esas corrientes son ecosistemas y hay que tratarlos como tal». En ese punto, cree que, «aunque se ha hecho un poco de esfuerzo, a nivel andaluz hace falta que los organismos de cuenca incorporen esos perfiles profesionales y tengan más personal», cuestiones que vuelven a depender de que «haya voluntad política» y de que «se destinen recursos». Por último, Herrera aboga por lograr que «la población tenga mayor conocimiento, que se alcance una mayor sensibilización social sobre el por qué o los motivos de esta problemática, y más interés por el cómo afrontarla».

El catedrático del departamento de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla Leandro del Moral, comparte que «el déficit de gobierno del territorio, especialmente urbanístico, está en la base del fenómeno de las inundaciones». En su opinión, «la tradicional y todavía creciente ocupación desordenada de llanuras» con probabilidades de anegarse requiere una «corrección decidida por parte de la Administración», a lo que se suma que «cada vez se dejan sentir con más intensidad las consecuencias del sellado e impermeabilización de suelos, con impacto en procesos de hidrología urbana que crean nuevas situaciones de riesgo o agravan las existentes», advierte. Sostiene que la invasión o la eliminación de cauces y la impermeabilización de grandes superficies de terreno por los desarrollos urbanísticos «están alterando sensiblemente la manera en que fluyen las aguas superficiales y la infiltración a las subterráneas». Todo ello, provoca «profundos procesos de erosión, deterioro de los ecosistemas fluviales y agravamiento del riesgo de inundación», mantiene, y la Administración autonómica «no está respondiendo con la necesaria determinación». Como tampoco está afrontando «con la suficiente energía», piensa, «las raíces culturales profundas del problema del agua en Andalucía». ¿A qué se refiere? «Al telón de fondo de los valores productivistas enraizados en la sociedad y a la fuerte inercia de la cultura de la intervención infraestructural y de artificialización del sistema hidrológico». O, dicho de otro modo, las actitudes en torno al agua «están profundamente condicionadas por las ideas de la política hidráulica tradicional» cuyo «grupo de poder hegemónico» se ha «consolidado en los últimos años». Esta «comunidad de política hidráulica» conserva «sus componentes tradicionales clave, esto es, empresas constructoras, elites agrarias, compañías eléctricas y estamentos técnicos con influencia sobre la información y los procesos de decisión», condensa el catedrático.

Hacen falta nuevas medidas

Estas gotas y otras tantas que nutren la problemática en torno al agua se solucionarían, para estos expertos y entre otras cuestiones, con un «compromiso político claro», el desarrollo de «mecanismos de coordinación interadministrativa», la conformación de equipos técnicos «especializados de calidad, suficientes, experimentados y que dominen las técnicas más adecuadas»; o el incremento de la participación de agentes sociales y entidades «activamente implicadas» en la transformación de una política llamada a ser cada vez más importante debido a realidades que ya casi nadie se atreve a poner en duda como el cambio climático

De momento, distintos estudios científicos y técnicos demuestran un continuo aumento en los daños económicos ocasionados por la riadas, pese a «que se han incrementado las medidas estructurales como presas, diques, escolleras... lo que demuestra la escasa utilidad de tales medidas», avisan otras fuentes de Ecologistas.