La Intervención alertó de menoscabo de fondos en ayudas prescritas en Cultura

Cinco expedientes de reintegro caducaron sin recuperar el dinero público, pero las diligencias se archivaron

La Cámara de Cuentas ha puesto de manifiesto en su último informe de fiscalización un cúmulo de irregularidades en otro ente público del Gobierno andaluz. En este caso, los trabajos se han centrado en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, desvelándose, entre otros aspectos, la existencia de un informe de actuación por parte de la Intervención General de la Junta advirtiendo de posible «menoscabo de fondos públicos».

En el apartado relativo a los procedimientos de reintegro de subvenciones, el texto expone que «con fecha 8 de mayo de 2014 fue notificado a la agencia el informe definitivo de cumplimiento correspondiente al ejercicio 2011 en el que se analizan expedientes de subvenciones que corresponden a convocatorias anteriores y justificadas en ese ejercicio». Dicho trabajo había «detectado justificación inadecuada o insuficiente en un total de 15 expedientes», por lo que «la agencia inició procedimiento de reintegro en 10 de los casos detectados».

Hubo cinco ayudas que quedaron sin reclamación, lo que motivó que «con fecha 3 de febrero de 2016 la IGJA emitió informe de actuación según lo establecido en el artículo 12.5 del Decreto 9/1999». Se trata del mismo decreto por el que muchos de los imputados en los ERE –así como la Fiscalía Anticorrupción y el juez instructor– atribuyen responsabilidad en el presunto fraude al ex interventor general, que nunca elevó ese informe de actuación. La Intervención relata en este caso y según recoge la auditoría de la Cámara de Cuentas que, «según informe sobre el grado de implantación de las recomendaciones propuestas, la agencia ha iniciado los correspondientes expedientes de reintegro, aportando las correspondientes resoluciones de inicio de los mismos, salvo en aquellos en los que se ha declarado la prescripción de la acción de reintegro por el transcurso del plazo de cuatro años desde que se presentó la justificación de la ayuda».

En concreto, se trata de cinco subvenciones por un importe global de 261.104 euros y con expedientes de reintegro por valor de 39.979 en su conjunto.

«Por tanto, las cantidades que no se reintegren por haber operado las reglas de la prescripción, podrían suponer un menoscabo de los fondos públicos, por lo que se emite el presente informe de actuación (...)», recoge el escrito de la Intervención General según la Cámara de Cuentas.

El asunto fue rápidamente archivado. «El 19 de marzo de 2016 el director de la agencia da traslado a la instructora designada por la Consejería de Cultura de las alegaciones al informe de actuación, quien con fecha de 16 de mayo de 2016 propone el archivo de las actuaciones al no entender que concurra el supuesto de ‘menoscabo de fondos públicos’ contemplado en el artículo 108 del TRLGHP». El 13 de junio se archivo por la Consejería.

Pese a que la Junta no ve «menoscabo de fondos» en ayudas no reclamadas porque el plazo legal para hacerlo ha caducado –lo que supone al menos una dejación de funciones por parte del órgano gestor–, la situación no se limita a estos cinco expedientes. La Cámara de Cuentas advierte en su auditoría que «la agencia tenía iniciado o previsto iniciar el procedimiento de reintegro sobre un total de 107 expedientes de ayudas concedidas en convocatorias anteriores» y «se ha comprobado un importante retraso en las fases y trámites de la gestión de las subvenciones, así como para la revisión de las cuentas justificativas, que dan lugar a una dilación injustificada en el inicio de los procedimientos de reintegro y que podrían causar nuevas situaciones en las que operen las reglas de prescripción».

El trabajo sobre la «Fiscalización de regularidad de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales» recoge otras irregularidades. Algunas, como la política de personal, tampoco son nuevas y la Cámara de Cuentas lo ha puesto de manifiesto en otras empresas de la Junta. En este caso, tras una muestra representativa de expedientes de personal ha detectado que en esta agencia «en el acceso al empleo público se han vulnerado los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad así como la normativa de la función pública: publicidad de las convocatorias y sus bases, transparencia, idoneidad e imparcialidad». El incumplimiento afecta tanto a contratos indefinidos como de duración determinada. De hecho, durante 2014, un total de 68 trabajadores estaban vinculados a la agencia mediante la modalidad contractual de obra o servicio, pese a que ocupaban «puestos de trabajo incluidos en la estructura orgánica de la Agencia, por lo que se incumple lo preceptuado en el Estatuto de los Trabajadores».

El déficit de gestión se extiende a la concesión de subvenciones excepcionales, convenios y hasta en el alquiler de un parking a la RTVA.