La Intervención del Estado ratifica el mal uso de las transferencias de financiación

Un informe de la Intervención General del Estado sobre los ERE ratifica la ilegalidad de las transferencias de financiación, en contra de lo que defienden los ex consejeros investigados y los propios ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y, sobre todo, José Antonio Griñán, que ha venido sosteniendo que el informe de la Cámara de Cuentas es «coincidente» con lo que defendió siempre su Gobierno en relación a que había un «marco legal». Una providencia de la magistrada María Núñez Bolaños, con fecha 25 de abril, a la que accedió LA RAZÓN de Andalucía, da cuenta del «cuarto informe complementario por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)». El documento, que fue requerido por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, versa «sobre si los informes emitidos por la Cámara de Cuentas de Andalucía en lo relativo a las transferencias de financiación recibidas por nueve entidades inciden o no en las conclusiones obtenidas» por la Intervención General de la Administración del Estado.

¿Y qué señala el informe? El mismo da cuenta de que «analizados los nueve informes de fiscalización efectuados por la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre otras tantas entidades del sector público andaluz y analizadas en concreto las manifestaciones y conclusiones realizadas sobre el cumplimiento de la legalidad en el uso de las transferencias de financiación de explotación y capital por ellas recibidas, se ha constatado que no modifican en absoluto ninguna de las manifestaciones efectuadas ni las conclusiones obtenidas» sino que «por el contrario las corroboran y ratifican en todos sus extremos».

El documento recoge que «la Cámara de Cuentas ha manifestado de forma reiterada durante más de diez años en sus diferentes informes de fiscalización sobre distintas entidades públicas andaluzas, al igual que este equipo de peritos de la IGAE lo ha hecho en sus informes periciales, que la naturaleza y destino de las transferencias de financiación están reguladas en la disposición adicional segunda de la Ley 8/1997, y, posteriormente, en el artículo 18 de la Ley 15/2001». De modo que «las transferencias de financiación de explotación deben ser aplicadas exclusivamente a la cobertura de pérdidas de una entidad pública, debiendo ser reintegrados en la Tesorería de la Junta los importes no aplicados a dicha finalidad». Igualmente, «las transferencias de financiación de capital deben ser aplicadas a financiar de forma genérica las inversiones de la estructura básica de la entidad pública, debiendo ser reintegrados a la Tesorería de la Junta los importes no aplicados a dicha finalidad». Además, según señala la Cámara de Cuentas en su informe sobre Dapsa, recuerda la IGAE, «esta obligación de reintegro fue también puesta de manifiesto por la Intervención General de la Junta». En resumen: «las transferencias de financiación no pueden ser utilizadas, en ningún caso, a la concesión de subvenciones socio-laborales ni de ningún otro tipo».

Como recoge la Cámara de Cuentas en su informe de EPES, y la IGAE sobre la CEM e IFA-IDEA, cita la IGAE, «la Consejería que efectuó la transferencia de financiación debió realizar la correspondiente modificación presupuestaria de sus créditos». También coinciden la Cámara e IGAE en que «los expedientes individuales de concesión de subvenciones por la Consejería de Empleo carecieron de fiscalización por parte de la Intervención Delegada en la misma».

La cuarta conclusión es que «se ha visto alterada la voluntad del legislador manifestada en la aprobación de la Ley de Presupuestos» al aplicar los fondos «a fines distintos y cuantías superiores a las aprobadas». Sobre los compromisos de carácter plurianual, ambos órganos coinciden en que «se han formalizado incumpliendo lo establecido». Asimismo, Cámara e IGAE señalan que «se han concedido subvenciones sin disponer de crédito suficiente en los presupuestos de la comunidad autónoma» y que «se han producido desfases entre los créditos aprobados y las actuaciones realmente realizadas por la empresa y que han dado lugar», en el caso de EPSA, «a un déficit acumulado a 31 de diciembre de 2011 que, según se recoge en las cuentas anuales, asciende a 256.625 euros».