Política

La trama de los ERE: Núñez afirma que hay «graves errores en los atestados

Archiva la pieza centrada en Fundaciones Caetano y no incluye a Viera en la de Hamsa

Los encausados en la pieza política del «caso ERE» siguen teniendo que acudir cada día al juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Sevilla
Los encausados en la pieza política del «caso ERE» siguen teniendo que acudir cada día al juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Sevilla

Archiva la pieza centrada en Fundaciones Caetano y no incluye a Viera en la de Hamsa.

La decisión ha sido que nadie se tiene que hacer cargo de nada. La instructora del etiquetado como «caso ERE», la jueza María Núñez, ha archivado, a través de un auto fechado el pasado 6 de noviembre, la pieza del «macroproceso» centrada en las ayudas concedidas por la Junta a Fundiciones Caetano para prejubilar a trabajadores, después de que, entre otras cuestiones, China subiera «de forma repentina» y «a mediados del año 2003-2004», el «precio de la chatarra», principal materia prima de la empresa.

En la resolución, consultada por LA RAZÓN, Núñez sobresee la causa respecto del administrador de la entidad Abilio Caetano, sobre el que afirma que «es lógico pensar» que si hubo alguna irregularidad en la tramitación de las subvenciones que financiaron el ERE «no la conocía», dado que contrató los servicios de «dos despachos profesionales» para «no preocuparse de estos temas y seguir las instrucciones de sus asesores». Lo mismo ha hecho respecto a los ex directivos de la mediadora Vitalia Antonio Albarracín y Jesús María Bordallo, por lo que ordena dar carpetazo a la causa, tras no quedar en ella más investigados, después de que sacara antes al ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá y a los ex directores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez, al sentarse ya en el banquillo de los acusados por la pieza política.

En su auto Núñez recoge que en el ERE de Fundaciones Caetano no había «intrusos» –personas a prejubilar sin haber trabajado en ella– y reitera, como ha hecho en otras ocasiones, que «la existencia de ayudas sociolaborales a los trabajadores no es 'per se' delito alguno y mucho menos» que las «soliciten» los empleados. Y si la elección de argumentos esconde intención, la jueza tiene una clara: dejar constancia de que, «en no pocas ocasiones, tras la investigación judicial se han puesto de manifiesto graves errores en los atestados policiales». Añade que tras el troceado de la «macrocausa» se ha examinado «cada una de las ayudas» y en algunos expedientes se ha podido constatar que la mercantil investigada «era una empresa en crisis y que la ayuda sociolaboral se da a trabajadores que reúnen los requisitos para ser beneficiarios». «Esto ocurre en Fundiciones Caetano», remata.

De otro lado, la instructora ha optado por desestimar el recurso de reforma que había interpuesto la Fiscalía para intentar llevar como investigado al bloque que gira en torno a los fondos públicos dados a la empresa Hamsa al ex consejero José Antonio Viera.

La jueza podría haber causado la nulidad de una pieza

LA RAZÓN ya apuntó hace unos días que el cambio en la ley de plazos judiciales tendría consecuencias en el «caso ERE». Su instructora, la jueza María Núñez, ha pedido a las partes en una providencia que se pronuncien sobre el sobreseimiento de la pieza ligada al tándem empresarial José María Sayago-José Enrique Rosendo, después de que la magistrada no haya llamado a los investigados durante los 18 meses de los que disponía para hacerlo tras abrir las diligencias y separarlas del bloque matriz. Núñez admite que su actuación podría conllevar la nulidad de la instrucción por «vulneración del derecho de defensa».

Vallejo defiende en el juicio que ser consejero no implica convertirse en prevaricador

La defensa del ex consejero Francisco Vallejo criticó ayer que la Fiscalía y el PP basen la acusación contra su cliente en su condición de miembro del Gobierno andaluz, al entender que «ser nombrado consejero no implica convertirse automáticamente en prevaricador». Sostuvo también que los titulares han minado su «presunción de inocencia».