La jueza declara compleja la causa en la que se investigan contratos de EPES

CGT pide una batería de diligencias para comprobar, entre otras cuestiones, si las anomalías detectadas son una «práctica habitual»

Se ha engendrado un movimiento en el proceso judicial en el que se investigan contrataciones de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) por un presunto delito de prevaricación. La titular del juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, María de los Reyes de Flores, ha declarado «compleja» la instrucción y, por ende, la ha prorrogado por un plazo máximo de 18 meses, ampliables por el mismo tiempo o uno inferior «a instancias del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes».

En un auto, fechado el 31 de enero y al que tuvo acceso LA RAZÓN, la magistrada explica que se trata de «una investigación compleja por circunstancias sobrevenidas a la investigación» y que ha tomado su decisión valorando que «las especiales características de los hechos punibles», la «participación de los presuntos responsables», el «examen de la documentación» y el «volumen de las actuaciones» hacen que la misma no pudiera completarse «en el plazo de seis meses». En definitiva, que la causa encaja en lo marcado en la Ley 41/2015, de 5 de octubre, que modificó el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en ese aspecto temporal.

El cambio de categoría del proceso había sido solicitado por la Fiscalía y por CGT –Confederación General del Trabajo de Andalucía, Ceuta y Melilla–, denunciante de unas diligencias que abrió un juzgado de Málaga y que ha acabado asumiendo el sevillano. Éste ha pedido que se practique una hilera de diligencias. En un escrito, consultado también por este periódico, el sindicato requiere al órgano judicial que se libre oficio a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, de la que depende EPES 061, y a ésta misma, con el fin de que remitan una copia completa de cinco expedientes en el punto de mira de la Policía Judicial, así como de otros hasta el horizonte de 2010. El motivo de esta última solicitud es que la organización sindical busca que se compruebe si «los indicios de delitos detectados» por los investigadores «han sido una práctica habitual en la contratación de la consejería y de EPES». Pretende además que hagan llegar al juzgado las actas de la Mesa de Contratación, los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares ligados a los expedientes demandados, y que se identifique a los funcionarios responsables de cada contrato. Y eso no es todo. CGT demanda una copia de «los expedientes de ejecución» de los contratos, «con las liquidaciones parciales y finales de los mismos con sus correspondientes certificaciones y facturas» y que el Gobierno andaluz aclare si «han existido reajustes de anualidades», «ampliaciones de plazos» o «penalizaciones de cualquier tipo» y las especifique si los hubiera habido. Por último, reclama que se trasladen al órgano judicial «las certificaciones de balizas y el posicionamiento de los helicópteros por el sistema informático de la Junta de los anteriores contratos, al objeto de» poder contrastar si coinciden o no «con los conceptos y cantidades facturadas solicitadas». Ha planteado, en definitiva, todo un abanico de cuestiones con un propósito: avanzar en la causa.