La jueza del “caso Aznalcóllar” no descarta ahora que hubiera tráfico de influencias

Amplía la investigación para analizar otros delitos y cita a declarar al ex presidente de la SEPI y a los representantes de Magtel

El auto de la Audiencia de Sevilla dejó a algunos como un fusil disparado, calientes tras la sacudida, y ha provocado ya la reacción de a quien se apuntaba. El juzgado que investiga la adjudicación de la mina de Aznalcóllar a la agrupación empresarial Grupo México-Minorbis, el de Instrucción número 3 de Sevilla, ha acordado ampliar la investigación y sumar al delito de prevaricación los de «malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y fraude y exacciones ilegales». Todo ello en la segunda reapertura de la causa impuesta desde arriba.

En un auto, fechado este 8 de octubre y al que accedió LA RAZÓN, la instructora del caso, Patricia Fernández, ha mandatado una serie de cuestiones, siguiendo lo marcado en la resolución del tribunal provincial cuya ponente fue la jueza Mercedes Alaya. Para empezar pide que se solicite a la Junta de Andalucía, a través de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que «informe sobre los cargos que ostentaban los miembros de la Mesa de Contratación y de la Comisión Técnica» vinculadas al concurso público a través del que se otorgó la mina, «tres meses antes de iniciarse la licitación para la adjudicación»; así como «los puestos que desempeñaron tras el mismo y hasta la fecha en que se expida la información». Unos datos que deben alcanzar al que por aquellas fechas «era secretario de la Consejería de Economía e Innovación» de la Junta y que con el tiempo se convirtió en presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, cuyo cese, «a petición propia» tras verse salpicado por este proceso judicial, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado sábado 5 de octubre.

De hecho, la jueza cita a Fernández a declarar el próximo 2 de diciembre en calidad de investigado, al igual que a los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno, dueños de la sociedad Magtel que tiene como filial a Minorbis, a los que convoca el 12 del mismo mes.

Y no se queda ahí. Llama a declarar en la misma condición en distintas jornadas a todos los miembros de la Comisión Técnica y de la Mesa de Contratación, trece en conjunto, «a fin de que puedan mantener, ampliar o matizar sus declaraciones anteriores» y prestarlas «quienes no lo hicieron». Entre ellos se encuentra la ex directora general de Minas del Gobierno autonómico María José Asensio, quien volverá a tener que desfilar por el juzgado el 11 de noviembre, pese a que ya compareció en 2015 y mantuvo que el Ejecutivo regional cumplió la legalidad y fue especialmente «exquisito» en la tramitación del concurso. Ese mismo día, deberá acudir también la subdirectora general de Minas en 2015, Susana Sarriá, de acuerdo al calendario diseñado por la jueza.

Fernández quiere saber ahora si Minorbis se presentó al concurso «sirviéndose presuntamente Grupo México de las ventajas que pudiera ofrecerle aquella entidad, consistentes en valiosos contactos en la Administración» en particular «derivados de la buena relación que pudiera existir» entre Fernández y los representantes de Magtel, quienes se cruzaron emails y habrían coincidido en «el extranjero». Esto es, no descarta que se pudiera haber cometido un supuesto delito de tráfico de influencias. Quiere esclarecer, asimismo, un episodio en el que Mario López aseguró en una reunión con miembros de Emerita –la denunciante– que tenía «la llave del concurso» y en la que se produjo una llamada del ex presidente de la SEPI; o si ha habido «ascensos» de personas relacionadas con la adjudicación del yacimiento minero «a modo de recompensa por posibles actos ilícitos».