La jueza Núñez da carpetazo a otras dos piezas separadas de los ERE

La instrucción de las escisiones más o menos fértiles del «caso ERE» continúa en paralelo a la celebración del juicio de la pieza política en la que están encausados, entre otros, los ex presidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En ese otro plano, la jueza María Núñez ha vuelto a tirar de carpetazo. La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha archivado dos de las separatas de la matriz: una de ellas se centraba en una ayuda que la Junta concedió al Obispado de Cádiz, la otra, en los fondos públicos que fueron destinados a la empresa Azucareras Reunidas de Jaén que acometió un expediente de regulación de empleo (ERE) en 2006 que afectó a un global de 261 empleados.

En un auto, fechado el pasado 14 de febrero, la magistrada sostiene que «no existe el más mínimo indicio de responsabilidad penal» que justifique mantener abierta la investigación sobre la subvención de 300.000 euros que el Gobierno andaluz otorgó al Centro Geriátrico del Obispado de Cádiz en 2009, en la que se encausó al obispo emérito de aquella provincia, Antonio Ceballos.

Para la jueza, lo actuado no ha servido para probar que la ayuda no se pidiera «en la convicción del derecho», «bajo el principio de confianza en la Administración», o que no se destinara al fin para el que se dio y justificó, de ahí que mantenga que «ninguna responsabilidad penal» pueda atribuirse al obispo o a los trabajadores del territorio bajo su jurisdicción, quienes, «más que delincuentes, podrían considerarse víctimas o perjudicados por la actuación» de la Dirección General de Trabajo de la Junta, según Núñez.

Por lo que respecta a la sociedad jiennense, la instructora vuelve a archivarla –ya lo hizo antes pero tuvo que reabrirla por mandato de la Audiencia Provincial de Sevilla– a través de un segundo auto fechado el mismo día. En éste defiende, en términos similares al otro, que se demandaron los fondos públicos con un objetivo lícito, «facilitar la prejubilación de trabajadores de un sector en crisis, abocados al paro y con enorme dificultad para encontrar nuevo trabajo» al contar con 50 años; a lo que suma que no cabe «la menor duda» de que se dedicaron a la finalidad para la que se solicitaron. De este bloque ya fueron excluidos entre otros, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández o el ex viceconsejero de esa misma área Agustín Barberá.