La jueza pide seis años después otro informe sobre las sobrecomisiones

Núñez Bolaños eleva el número de imputados en esta pieza de 15 a 27, entre los que incluye a sindicalistas y al ex chófer de Guerrero

La pieza de las sobrecomisiones de los ERE puede dar un giro en próximas fechas. De momento, lo que está claro es que va a ralentizarse aún más. La jueza María Núñez ha reclamado a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGS) que emita un nuevo informe en el que cuantifique «aquellas cantidades abonadas por la Junta de Andalucía, en concepto de prima, que superan el coste de mercado de las pólizas suscritas, ‘primas infladas’ realizando una cuantificación global del perjuicio total ocasionado en este concepto a la Junta de Andalucía».

Lo llamativo de esta reclamación es que, como la misma instructora admite en el auto de 7 de abril de 2017 en el que realiza la petición, la solicitud ya venía reflejada en otro auto de 7 de abril 2011 –firmado por Alaya–, es decir, hace 6 años. En teoría, la labor de auxilio jurisdiccional que reclamó la anterior titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla finalizó con la emisión de un informe en mayo de 2014, hace tres años. En el trabajo, incorporado a la causa, la Dirección General de Seguros –que depende del Ministerio de Economía– apuntó que la Junta de Andalucía había abonado un exceso de 66.155.573 euros en comisiones por encima de la media de mercado. También se señalaba, entre otras irregularidades, que actuaron agentes para varias entidades a la vez, se pagaron comisiones a varios mediadores por la misma póliza, hubo tomadores impropios y no hubo una identificación adecuada del mediado .

Núñez Bolaños quiere ahora más datos y reclama que se examinen también «los costes de administración y adquisición» de las pólizas. La petición surge después de que en los últimos meses se hayan remitido desde su juzgado a la DGS una serie de preguntas aclaratorias sobre el informe entregado en 2014. En total 39 interrogantes que fueron contestados el pasado 27 de marzo y trasladados al juzgado el 4 de abril. Entre las cuestiones planteadas por el juzgado se trata de aclarar si existía alguna responsabilidad de los aseguradoras en el pago de esas comisiones; si los peritos analizaron otras pólizas financiadas por otras administraciones; si existía algún tipo de normativa aplicable al ser pólizas qu econtaban con financiación pública; o quiénes eran los responsables de comprobar el importe de las primas y comisiones.

Todas estas actuaciones retrasarán el cierre de una de las piezas más importantes del caso, que ha pasado además de contar con 15 investigados a 27. De hecho, en el mencionado auto consultado por LA RAZÓN, la jueza encausa a 12 personas más, entre ellos Juan Francisco Trujillo, ex chófer del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero; al ex diputado del Partido Socialista del País Vasco Antonio Aso; al ex secretario general del sindicato UGT en Cádiz Salvador Mera; al ex secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CC OO-A Manuel Roberto Carmona Soto, y al ex secretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CC OO José Luis Montesinos.

La mujer de lanzas se queda fuera de esta pieza

La jueza acuerda archivar esta pieza respecto a Patrocinio Sierra al entender que los hechos «no inducen a valorar su presunta participación en la comisión de hecho delictivo alguno sino en su enriquecimiento ilícito con los beneficios obtenidos de la conducta presuntamente delictiva de su marido». El archivo no afecta «a su presunta ilícita inclusión en una póliza tras el ERE de Hitemasa para con su cuantía pagar comisiones a su marido». No obstante, y de conformidad en lo establecido en el artículo 122 del Código Penal, acuerda llamar a Patrocinio Sierra a esta pieza separada como partícipe a título lucrativo. Los abogados de la Junta sí solicitaron incluirla.