La Junta adeuda 61 millones de euros a las empresas de tecnología sanitaria

La gestión de la Junta en materia sanitaria no solo está provocando las críticas de los pacientes y profesionales, en su mayoría centradas en la saturación que están soportando las urgencias y en los déficits de las plantillas. También los proveedores que surten a los centros de salud y a los hospitales de tecnología y material fungible están alzando la voz, dada la abultada deuda que mantiene la Administración, así como por las demoras en el cobro de las facturas. Según los datos que hizo públicos ayer la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), a cierre de 2017, la Junta debe al sector 61 millones de euros, situándose en el quinto lugar en la lista de las comunidades autónomas que más deben.

En concreto, Valencia es la región que más adeuda a estas empresas, con un déficit que asciende a 160 millones de euros. Le siguen Madrid, con 86 millones de euros; Cataluña, con 81; y Galicia, con 70. El cómputo global no invita al optimismo. La deuda de las comunidades autónomas asciende a 819 millones de euros, lo que supone un incremento del 13,12 por ciento respecto al cierre del ejercicio anterior.

No obstante, Fenin valora «positivamente» los esfuerzos que muchas regiones están realizando a lo largo de los últimos años «con el objetivo de seguir mejorando la deuda que mantienen con el sector». El Observatorio de Deuda de la federación constata que el 89,9 por ciento de las facturas pendientes de cobro corresponden al ejercicio 2017 y el 10,1 por ciento restante al de 2016 y anteriores.

Mejor parada sale Andalucía si tenemos en cuenta los plazos medios de pago, situándose como la comunidad, junto a Navarra, que menos tiempo tarda en abonar las facturas. En concreto, son 43 días, muy por debajo de la media del país, que se sitúa en 85 días. La que más tarda es Cantabria, con 199 días; seguida de Murcia, con 195; Valencia, con 163; y Baleares, con 155. Sin embargo, Andalucía incumple con este registro su propio decreto relativo a la garantía de los tiempos de pago, aprobado hace un año en Consejo de Gobierno. La norma fija en 20 días naturales el pago de las facturas de proveedores de servicios vinculados a la salud, la educación y los servicios sociales, «con el fin de proteger los sectores esenciales del Estado del bienestar y defender el empleo en estos ámbitos prioritarios», tal y como aseguró el Ejecutivo de Susana Díaz.

Entre otras novedades, el decreto establece la posibilidad del cobro directo a través de las entidades bancarias –con las que se suscriban convenios de colaboración– si la Administración andaluza no cumple el plazo establecido de 20 días como máximo. Precisamente, este último balance de Fenin arroja una cifra que supone el doble de lo que fija la norma autonómica.

En concreto, el decreto establece que se atenderán facturas de servicios asistenciales, conciertos –transporte en ambulancia, diálisis o rehabilitación– y las partidas necesarias para el funcionamiento de los centros sanitarios y hospitales, como las relativas al agua, gas, limpieza, lavandería, productos alimenticios y prestaciones farmacéuticas y complementarias.

Asimismo, se crea la Oficina de Atención a Personas Acreedoras, una sede electrónica que permite el acceso a la información sobre el estado de tramitación de las facturas, así como obtener un certificado que acredita la deuda vencida en el caso de reclamación por demora. En estas situaciones, según apuntó la Junta, el proveedor recibiría contestación en siete días hábiles, indicándole la fecha prevista para el abono de la factura. Junto a ello, la oficina elaborará una memoria anual sobre las actuaciones realizadas, que se trasladará al Consejo de Gobierno y a la Comisión de Hacienda del Parlamento andaluz.

Fenin es una organización de ámbito nacional con más de 500 miembros –empresas individuales, asociaciones y colaboradores– que se dedican a fabricar, importar y distribuir tecnología sanitaria. El colectivo representa el 80 por ciento del volumen total del negocio del sector. Estas empresas venden material muy diverso, desde gasas y apósitos hasta aparatos de oxigenoterapia o de diálisis.