La Junta aprobó transferencias del «fondo de reptiles» a Bahía Competitiva

«Asuma su responsabilidad», le espetó el diputado del PP-A, Antonio Sanz, al consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, casi al final de su intervención en el punto del debate parlamentario de ayer centrado en el Plan Bahía Competitiva, destinado a Cádiz.

«Asuma su responsabilidad», le espetó el diputado del PP-A, Antonio Sanz, al consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, casi al final de su intervención en el punto del debate parlamentario de ayer centrado en el Plan Bahía Competitiva, destinado a Cádiz. Antes, el popular había mantenido que el «monumental fraude» de «22,6 millones de euros» se financió con el mismo «fondo de reptiles de los ERE», es decir, la mediática partida presupuestaria 31L. De hecho, Sanz mostró al plenario unos documentos en los que consta que, a propuesta del entonces consejero de Economía y hoy presidente de la Junta, José Antonio Griñán, se elevó al Consejo de Gobierno en diciembre de 2008 una modificación presupuestaria de 1.253.853,89 euros.

¿Cuál era su fin? Según la exposición que sustenta la transferencia de crédito, «atender y complementar las necesidades de las empresas afectadas en el marco de las actuaciones del 'Plan de la Mejora de la Competitividad y el Desarrollo de la Bahía de Cádiz'». De hecho, se explica que «la propuesta de modificación implica una alteración de las transferencias de financiación a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) por el importe indicado». Sanz hizo referencia, asimismo, a otros movimientos de la partida 31L con el mismo destino, Bahía Competitiva, para defender con vehemencia que bajo ese rótulo se engloba la historia de «una gran mentira y un gran fraude con el dinero de los parados», proclamó.

El presidente de los populares gaditanos se mostró convencido de que en este caso se ha repetido el «modus operandi» de otros como el de los expediente de regulación de empleo (ERE) fraudulentos o el de Invercaria. Es más habló de informes de solvencia, documentos económicos, facturas o firmas «falsas», alrededor de una trama con un imputado principal: el empresario gallego, Alejandro Dávila Ouviña. Es más, llegó a apuntar que «el domicilio de una de las empresas implicadas era el bar de un pueblo», tras lo que acusó a la Junta de haber concedido una vez más subvenciones con dinero público, pese a la falta de «todos los controles».

Ávila, por su parte, reprochó al PP que desempolve ahora este asunto para tapar el «caso Bárcenas, formando un «circo mediático», pese a que compareció a petición propia para explicar los hechos en septiembre de 2011. Quiso dejar claro que las empresas de Dávila Ouviña «no cobraron ni un céntimo de euro de la Junta». ¿La causa? Fueron técnicos del Gobierno andaluz los que detectaron el «intento de fraude» de 14,5 millones en ayudas solicitadas por empresas del mismo promotor y, tras confirmarse las sospechas, se denunció ante el Ministerio de Industria, el Banco de España y la Fiscalía de Delitos Económicos. Acción de la Junta que reconoció el portavoz de IU, Ignacio García, aunque hubo dos puntualizaciones. Por un lado, se preguntó si se advirtió al Ministerio de que un mismo grupo empresarial concentró el 32% de las ayudas. De otro, hizo un recordatorio: lo sucedido se enmarca en la etapa de gobierno exclusivamente socialista e IU «no se siente responsable de lo que pueda ocurrir en ningún caso», deslizó.