La Junta apuesta ahora por otra ley de atención al discapacitado

Se abordan las exigencias de la Convención Internacional no incluidas en la norma de 1999

Mientras un joven con diversidad funcional de 21 años ha de acudir al juzgado para que la Consejería de Educación entienda que tiene un problema y consulte al Ministerio si procede o no su matriculación en la FP Básica del inminente curso 2016-17, la Junta de Andalucía regresa de su letargo vacacional para presentar el proyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad. Toda una paradoja, pues entre las virtudes de la nueva norma se destaca la reserva de plazas en formación y empleo en la Administración autonómica; y se incorporan, con respecto a la ley obsoleta de 1999, las exigencias de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificado por España. Todo un avance que ha de servir para proteger a un colectivo de más de 700.000 personas en la comunidad.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, explicó que el Consejo de Gobierno celebrado ayer había aprobado este proyecto de ley que cuenta con una memoria económica que supera los 1.300 millones anuales. En su extensa exposición, la responsable del ramo explicó que se pretende «avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y accesible, primando los derechos de igualdad de oportunidades más allá del enfoque asistencial». Así, la nueva legislación reconoce situaciones de especial vulnerabilidad como la pluridiscapacidad y se prevén las necesidades de apoyo; también se recoge el mayor riesgo de sufrir abusos que presentan las mujeres y las niñas de este colectivo; el reconocimiento de perros de asistencia para el acompañamiento, conducción, ayuda y auxilio o la concesión de tarjeta de aparcamiento para discapacitados a vehículos de transporte colectivo. Además, el 3% del número de plazas en los cursos de formación organizados por la Junta se reservará a personas con discapacidad y se elevará al 5% en el Programa Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo. El cupo en las bolsas de trabajo temporal de empleo público se concretará en un posterior desarrollo reglamentario. Un 5% de toda contratación pública irá a los centros especiales de empleo.

La Junta, que utiliza este ley para dar soporte al acuerdo marco de Atención Temprana, también incluirá la posibilidad de otorgar prestaciones económicas complementarias a las estatales en casos de necesidad.