La Junta burló la normativa de la UE con las ayudas a empresas en crisis

El sistema de ayudas instaurado por la Junta de Andalucía durante una década basado en la discrecionalidad y arbitrariedad atenta también contra la legislación comunitaria, según se desprende de los últimos atestados de la Guardia Civil aportados a las partes personadas en la causa. Un extremo que ya ha sido apuntado por la juez Mercedes Alaya en algún auto y sobre el que también están trabajando los auditores e interventores del Estado en labores de auxilio judicial.

En el informe de seguimiento número 13 sobre la empresa Saldauto y al que ha tenido acceso este periódico, los investigadores se detienen en una subvención de 200.000 euros otorgada por la Junta de Andalucía camuflada como ayuda sociolaboral. En realidad, con ese dinero no se pagó ningún ERE sino que se utilizó para cuestiones de tesorería. La UCO advierte de que «prescindiendo de cualquier procedimiento administrativo e incumpliendo la normativa en materia de subvenciones, se otorga una ayuda directa a Saldauto por un importe de 200.000 euros». Estos hechos «contravienen el régimen jurídico que impone el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, que considera que serán compatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales bajo cualquier forma o amenacen falsear la competencia favoreciendo a determinadas empresas o producciones».

Además, según el razonamiento que expone la unidad de delincuencia económica de la UCO, «tampoco puede ser de aplicación el régimen 'minimis' –un reglamento de la CE esgrimido en su momento por el Gobierno andaluz para justificar su actuación– ya que se excluyen de este régimen las empresas en crisis».

De esta forma, la actuación irregular del Ejecutivo andaluz con el fondo para ayudas a empresas en crisis y pago de prejubilaciones sería doble. Por un lado, otorgaría el dinero sin procedimiento ni publicidad y, por otro, lo haría contra los criterios establecidos por la Unión Europea, que, en otros casos, ha reclamado la devolución de las ayudas por atentar contra la libre competencia.

El informe remitido a la instructora también pone de manifiesto que Saldauto recibió otras subvenciones de la Junta con cargo a otros programas presupuestarios «de manera correcta». Llama la atención la conclusión de los agentes: «Se entiende que esta fórmula es conocida y empleada», es decir, que en la Junta sabían respetar la legislación cuando era necesario. ¿Por qué no se hacía con el «fondo de reptiles»? Eso es lo que trata de averiguar Alaya.