La Junta busca ahora ayuda para las obras de depuración

Medio Ambiente planteará una colaboración directa con las diputaciones para que se encarguen de las infraestructuras

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía pretende concretar este año 2016 una línea de colaboración directa con las ocho diputaciones provinciales para que éstas establezcan prioridades y se puedan encargar, con financiación autonómica, de determinadas obras para la depuración de aguas residuales, al objeto del cumplimiento de la normativa marco para 2015.

En una entrevista concedida a Europa Press, el consejero del ramo, José Fiscal, apuntó a respetar los términos de la directiva europea como «una de las prioridades absolutas» de su departamento, afirmando al respecto que en 2016 el Ejecutivo andaluz hará «todo lo que esté en su mano» para acelerar las depuradoras que son competencia de la Junta.

En este sentido, Fiscal recordó que muchas de estas instalaciones siguen dependiendo, en unos casos, de ayuntamientos o mancomunidades, mientras que otras son de Interés General del Estado, por lo que son estas administraciones las encargadas de llevarlas a cabo.

Pese a la competencia municipal, algunas de estas infraestructuras se declararon de Interés Autonómico en 2010, «sabedores de que si la Junta no intervenía había un número importante de pueblos andaluces que nunca tendrían depuradas sus aguas», explicó el consejero andaluz de Medio Ambiente, que aseguró que, en el marco de la responsabilidad compartida, «no nos vamos a poner de perfil».

Fiscal apuntó al acuerdo con las diputaciones, «que vamos a ver cómo ahormamos jurídicamente», para una «aceleración importante», siempre teniendo en cuenta que en Andalucía «cumplimos más que la media de España: no hay ninguna comunidad autónoma con un nivel de depuración mucho mejor que el nuestro, no somos ninguna excepción».

Según Fiscal, se trata de una preocupación común, una cuestión general en la que la región andaluza, «reconociendo los problemas que tenemos» en cuanto al retraso en el cumplimiento de la normativa y pese a que «hay quien esté interesado en dar la imagen de que esto es un desastre», está «mejor que la mayoría».

La Administración autonómica ha invertido para poder cumplir con los objetivos de depuración en Andalucía más de 1.000 millones de euros. Esta inversión ha permitido que la población andaluza haya pasado de tener en un 28 por ciento de infraestructuras para depurar sus aguas residuales en 1992 a más del 85 por ciento en la actualidad, «siendo además la comunidad autónoma que más ha hecho por cumplir las directivas europeas».

En el año 2000 la Unión Europea marcaba una directiva donde obligaba a todos los estados miembros a depurar todas sus aguas residuales. Más de tres lustros después, Andalucía aun no depura el 18% de sus aguas negras. Las aguas fecales que poseen alta concentración bacteriana y después se vierten a ríos y canales, por lo que si no se depuran, acaban contaminando las aguas andaluzas.