La Junta «cede» a los «apaños» de empresas de emergencias sanitarias

La Policía sostiene que lo hace a costa de que el tiempo de respuesta aumente en casi tres horas o al uso de aeronaves «de más de 20 años de antigüedad». Un juzgado le reclamó documentación

Cinco días. Ése es el plazo que el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla le dio a la Junta, en concreto a la Consejería de Salud, para que ésta entregara a la Policía Judicial información sobre los componentes del órgano de contratación y de la mesa ligados a los concursos públicos puestos en marcha en torno a cinco expedientes de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES). Dicho tiempo se fijó en una providencia, a la que tuvo acceso a LA RAZÓN, que se redactó después de un informe policial con escasas cortinas narrativas elaborado en el ámbito de la causa centrada en esa entidad pública y que se desgajó del llamado «caso Infoca», en el que se analizan contrataciones de los medios aéreos para el plan que da el nombre al proceso.

Tras analizar contratas de EPES los investigadores advierten de que la «aparente inacción de la Administración» andaluza «prolongada en el tiempo», ha permitido que se agrave una situación de «oligopolio» en el sector aeronáutico, hasta el punto de que en los casos estudiados, sólo se presentó una empresa para hacerse con el servicio a cubrir por provincia. ¿Cuál es la consecuencia de esto? «Un verdadero pulso entre la única licitadora y la Administración, que en no pocas ocasiones se ha visto obligada a ceder a las necesidades de aquélla», sostiene la Policía, para matizar: «Aunque ello redunde en aspectos tan delicados como la ampliación del tiempo de respuesta ante una emergencia sanitaria a 2 horas 45 minutos, o a la utilización de aeronaves de más de 20 años de antigüedad», avisan. Como ejemplo de ese «indeseado» y «evitable» enfrentamiento entre partes, la Policía menciona como «en un concurso por procedimiento negociado sin publicidad» en el que acabó derivando otro abierto, «las nuevas condiciones no se comunican a las dos licitadoras anteriores» sino sólo a la que continuaba concursando. Relata también al juzgado como ha observado «un posible incumplimiento del pliego de prescripciones técnicas (PPT) en el caso de los helicópteros que no cuentan con habilitación IFR VFRN –necesaria para los vuelos nocturnos–». Lo que intenta dejar claro a la instructora, en resumen, es que ha detectado lo que parece una realidad: las empresas adjudicatarias habituales han creado una «necesidad» en el Gobierno regional «de contar con ellas, mediante las fórmulas pertinentes y con los ‘apaños’ oportunos». En opinión de los investigadores, «la principal arma con la que cuenta la Administración para evitar oligopolios indeseados en la contratación pública es activar mecanismos que velan por la directa y efectiva competencia». De no hacerse, los concursos se vuelven «vulnerables», subrayan, a las «prácticas colusorias –pactos– de las empresas, en detrimento de las arcas públicas». De momento, en el marco de la nueva causa, han trasladado al órgano judicial indicios que «denotan cierto concierto entre los licitadores y los funcionarios encargados» de algunas de las contrataciones repasadas.

Para CGT «llueve sobre mojado».

Al secretario general de CGT Andalucía, Miguel Montenegro, las conclusiones policiales no le sorprenden. «Llueve sobre mojado con EPES», afirma filoso. Este sindicato presentó una denuncia en un juzgado de Málaga por contratas de medios aéreos para ésta por la que se abrieron unas diligencias que finalmente ha asumido el de Instrucción número 8 de Sevilla. Pero además, otro órgano judicial malagueño se ocupa de presuntas irregularidades en torno a la gestión telefónica de las emergencias, del 061. «Y la empresa de la Junta tiene otros dos frentes abiertos», anuncia Montenegro. Y se explica: «Uno de ellos está relacionado con el transporte de enfermos críticos y el otro con la compra de ambulancias, donde creemos que hay gato encerrado». Se avecina una época revuelta para la empresa de emergencias andaluza.