La Junta debe multarse a sí misma

La presidenta de la Junta de Andalucía se ha estrenado en el cargo con la promesa, entre otras, de dotar de capacidad sancionadora a la Cámara de Cuentas. No es una iniciativa nueva, ya que el órgano de control lleva años reclamando que las administraciones rindan cuentas en tiempo y forma y atiendan sus recomendaciones. Está aún por ver en qué queda la nueva norma y si las multas serán personales o encima tendrán que sufragarlas los contribuyentes. Lo único cierto es que de materializarse, la principal Administración incumplidora sería la autonómica, ya que son numerosos los informes de fiscalización que periódicamente denuncian los auditores sobre el funcionamiento de distintas consejerías y órganos autónomos.

El caso de las facturas de UGT es un ejemplo. Como desvela hoy este periódico, la Cámara de Cuentas ya alertó en 2010 de irregularidades en la justificación de subvenciones por parte de las centrales sindicales en diversos programas abonados con cargo al Presupuesto andaluz. Tras sucesivas prórrogas, los ugetistas no aportaron los documentos acreditativos para la copia compulsada de las facturas. Los autodenominados «sindicatos de clase» recibieron en 2008 más de medio millón de euros (520.000) para los programas Igualem, que buscaba facilitar la igualdad en las relaciones laborales entre hombres y mujeres, y Defensa Legal, centrado en la asesoría jurídica y defensa procesal de mujeres en caso de discriminación laboral por razón de sexo. En 2010, la Cámara de Cuentas apuntó las deficiencias en la justificación de las ayudas. Nada ha cambiado y la Junta ha seguido asignando de forma generosa recursos públicos a los sindicatos. La transparencia anunciada por Susana Díaz no puede quedarse en un eslogan: que comience por respetar a la Cámara de Cuentas.