La Junta defenderá al ex consejero Vallejo y seguirá como acusación en el caso Invercaria

La Junta de Andalucía ejercerá la acusación en el «caso Invercaria» al tiempo que un letrado de su gabinete jurídico defenderá a uno de los principales investigados en la causa, el ex consejero Francisco Vallejo. El juez que investiga las presuntas irregularidades en esta empresa pública ha admitido la personación de los servicios jurídicos de la Administración andaluza para defender al citado alto cargo dentro de una de las piezas de investigación abiertas, en concreto por la ayuda concedida a Servivation S.A. En la providencia consultada por este periódico, el magistrada da por personado al letrado «en todas las piezas de las referidas diligencias, entendiéndose con el mismo las sucesivas actuaciones».

Vallejo ocupa un lugar importante en esta causa porque Invercaria depende de la Agencia IDEA, que a su vez está adscrita a la Consejería de Innovación de la que éste era titular en la época instruida. Además, en varias de las piezas investigadas, el ex presidente de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo, ha defendido en sede judicial que las inversiones investigadas eran una orden expresa de la Consejería. En concreto, en lo relacionado con el préstamo participativo concedido a la empresa Servivation de 1.186.000 euros objeto de esta pieza señaló que fue una «imposición, orden o indicación del entonces titular de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo».

La decisión del juez de admitir la personación de un abogado de la Junta para dirigir la defensa jurídica de su ex alto cargo acusado de los presuntos delitos de malversación y prevaricación está avalada por la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público no se opuso a esta petición al «no ver obstáculo a que la Junta asuma si así es su parecer la defensa del investigado» ya que el juzgado «no puede entrar a valorar la decisión de prestar asistencia jurídica al ex consejero, pues es una decisión cuya legalidad no corresponde al objeto de la causa, sino que todo lo más habría de ser objeto de revisión en vía contenciosa, como toda decisión administrativa».

Para el PP, personado en la causa como acusación, sí puede tener implicaciones. En un escrito elevado al juzgado en su momento, advertía incluso de posible nulidad porque el letrado que defienda a Vallejo tendrá que informar a su vez a la Consejería, que ejerce la acusación. Señalaban que está en riesgo «el derecho a la tutela judicial efectiva».

También lamentaba que la admisión de la defensa del investigado por servicio jurídico público es un trato de privilegio para el justiciable presuntamente constitutivo de un delito de prevaricación, utilizando el dinero público para fines discriminatorios con el resto de los acusados.