La Junta desoye a la Cámara de Cuentas y mantiene una póliza de crédito sin utilizar

La reforma de la Cámara de Cuentas es uno de los asuntos pendientes de esta legislatura. Existe cierto consenso entre las fuerzas políticas de que los informes de este organismo carecen de eficacia, bien porque los trabajos versan sobre hechos acontecidos hace varios años, bien porque sus recomendaciones no son atendidas. Como informó este periódico, de las 33 principales observaciones que señaló la Junta en el informe de fiscalización de la cuenta general del ejercicio 2015, «el 39 por ciento (13 recomendaciones) se han implantado de forma parcial y el 43 por ciento (14) no se han llevado a cabo». Esta dinámica se mantiene, aunque ello conlleve un perjuicio para las arcas públicas. Es el caso de la Fundación Andalucía Emprende.

En uno de sus últimos de fiscalización sobre este ente público dependiente de la Consejería de Economía e Innovación, la Cámara de Cuentas alertó, entre otras cuestiones, sobre los problemas de financiación de este organismo. En concreto, apuntó que «la financiación a través de subvenciones nominativas genera un derecho de cobro cuya materialización está sujeta a un calendario de pagos por parte de la Consejería que no se ajusta a las necesidades de funcionamiento de la Fundación lo que provoca unos desfases entre cobros y pagos que impiden el desarrollo de su actividad. Por ello, la Fundación utiliza mecanismos financieros que generan costes financieros adicionales. Es el caso del uso de la disponibilidad de una póliza de crédito de 11.000.000 euros contratada en el ejercicio 2012 así como el de diferir los distintos pagos a la Seguridad Social y a Hacienda».

Con respecto a la póliza de crédito, el trabajo de auditoría alertaba de que «el coste financiero de la póliza de los últimos tres ejercicios ha supuesto para la Fundación un total de 623.420 euros».

Esta advertencia, como otras muchas, ha caído en saco roto. El trabajo sobre la Fundación Andalucía Emprende llega hasta el año 2015. En la última auditoría de este ente público publicada por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, relativa al año 2016 y encargada por la Intervención General, aún figura la póliza de crédito mencionada por la Cámara de Cuentas. En concreto, se menciona que «durante el ejercicio 2016 se mantuvo vigente la póliza de crédito, que tuvo autorización previa para su apertura, de acuerdo con lo requerido en el artículo 39.3 de la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2016. La autorización se obtuvo por Resolución de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de fecha 10 de marzo de 2016...». Las condiciones de esta póliza, de la que no se dispuso ni un euro en ese ejercicio –en 2015 no fue así–, es lo que criticaba la Cámara de Cuentas por generar gastos asociados. Un año después sigue en vigor, contratada con Unicaja, con las siguientes condiciones: «euribor a tres meses más 0,37%, con liquidaciones por trimestres vencidos».

Esta última auditoría, consultada por LA RAZÓN, también aporta otros datos de interés recogidos por la Cámara de Cuentas. Así, se apunta que «todas las subvenciones que recibe la Fundación están vinculadas con su actividad propia y se dedican a financiar gasto corriente principalmente, y en otros casos para inversión». Lejos de disminuirse, esta tendencia ha aumentado. De hecho, mientras el presupuesto del ejercicio de 2015 ascendía a 35.049.828,00, el de 2016 supuso 38.028.774,00 euros.

En este sentido, hay que recordar que la Cámara de Cuentas apuntaba con respecto a la política de personal durante el ejercicio fiscalizado (2015) que la plantilla media era de 955 personas, «lo que ha supuesto que en el año 2015 el 88% del total de las subvenciones nominativas concedidas a la Fundación para la financiación de su actividad tengan como destino atender los gastos de personal del ejercicio». En 2016, el descenso de la plantilla fue mínimo y la cifra que ofrece la auditoría encargada por la Intervención General es de 946 personas.