Administración Pública

La Junta fija este ejercicio el grueso de leyes pactadas con IU en 2012

El Consejo de Gobierno prevé aprobar 30 proyectos de ley y 133 decretos hasta 2018

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquezlarazon

El Consejo de Gobierno prevé aprobar 30 proyectos de ley y 133 decretos hasta 2018

El Gobierno andaluz prosigue con el goteo de proyectos que emanan de la época de Griñán, quien, a su vez, heredó parte de Chaves. El Ejecutivo andaluz tiene previsto remitir este año al Parlamento 30 proyectos de ley y aprobar 133 decretos, según recoge el Plan Anual Normativo, ratificado ayer por el Consejo de Gobierno, en cumplimiento de la nueva legislación estatal de procedimiento común de las administraciones públicas.

Entre los proyectos de ley recogidos destacan los relacionados con las áreas de fomento económico, transparencia y modernización administrativa. Se incluyen, entre otros, las futuras leyes de Fomento del Emprendimiento; Audiovisual; Acceso a los Beneficios Públicos y Medidas contra el Fraude; Buen Gobierno y Estatuto de los Cargos Públicos; Empleo Público, y Subvenciones. También los de las leyes de Formación Profesional (que viene de 2014); Infancia y Adolescencia (que se arrastra desde 2012); Voluntariado; Juventud; Cámaras de Comercio; Movilidad Sostenible; Cine; Policías Locales de Andalucía; Agricultura y Ganadería, o Cambio Climático, todas ellas pendientes desde la legislatura de Gobierno con IU.

Respecto a los decretos, el Gobierno andaluz destacó el que aprobará el reglamento de desarrollo de la Ley de Transparencia y los de creación de la Oficina Andaluza de Evaluación Financiera y la Oficina para la Prevención de la Corrupción, iniciados con Griñán, anunciados en el programa electoral de las pasadas autonómicas y ratificados en el acuerdo de investidura con C’s. El Gobierno andaluz también subrayó las normas reguladoras de las ofertas de empleo público de la Administración General de la Junta y los centros sanitarios del SAS para 2017, que se presentan clave en plena ola de mareas de distintos colectivos; el decreto de creación del Consejo Andaluz del Deporte –también de la época de Griñán–, y el del reglamento de museos.

El grueso de las medidas por las que viene sacando pecho el Ejecutivo andaluz actual tienen su germen hace un lustro. Entre ellas, la subasta de medicamentos o la normativa sobre transparencia, que arrancó con la entrega del propio Griñán en el Parlamento en junio de 2011 de las declaraciones de IRPF. El pasado ejercicio se aprobaron 17 leyes, siete decretos leyes y 56 decretos, gran parte de ellos provenientes también de la era Griñán. La Junta destacó que «tomando como referencia estos dos primeros años, la presente legislatura también sobrepasa el ritmo de trabajo de las precedentes». Desde el inicio de la X legislatura, el Consejo de Gobierno ha tramitado 23 iniciativas legislativas: 13 proyectos de ley y 10 decretos ley, aunque uno se aprobó como ley. Si se excluyen estos últimos, ligados a cuestiones de urgencia, y las leyes de presupuesto, el Ejecutivo autonómico actual ha gestionado 11 proyectos de ley. De ellos, seis ya estaban en el acuerdo político programático que suscribieron PSOE e IU en 2012 y que permitió la investidura de Griñán: el Proyecto de Ley del Deporte; el de Memoria Democrática; el de Servicios Sociales; el Proyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad; el de Participación Ciudadana; y el de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público. Todos estaban ya en el programa electoral del PSOE para 2012, con Griñán como candidato, excepto el de memoria histórica, de cuño comunista. De las seis leyes pactadas con IU, cuatro comenzaron a tramitarse la anterior legislatura.

En resumen, sólo tres de los 11 proyectos de ley mencionados se deben al impulso único de este Ejecutivo andaluz, los vinculados al agua, a las subvenciones para las formaciones políticas y a la creación de los colegios de economistas. La Consejería de la Presidencia y Administración local elaborará en el primer trimestre de 2018 un informe en el que se reflejará el grado de cumplimiento del plan aprobado ayer. También se incluirán aquellas iniciativas que se adopten sin estar inicialmente contenidas en el mismo, así como la justificación de las que no sean elevadas durante el ejercicio.