La Junta insiste en la armonización fiscal y el PP urge a bajar impuestos

La comparecencia del vicepresidente y consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ante la comisión parlamentaria extraordinaria convocada a petición del PSOE-A y C’s –algo que la formación naranja anunció que pedirá cada seis meses– para valorar la reciente Conferencia de Presidentes sirvió, de nuevo, para enfrentar las diferentes posturas en relación con las políticas fiscales. Jiménez Barrios insistió en la necesidad de alcanzar una armonización fiscal en España, defendiendo que no se convierta en «un enfrentamiento entre comunidades ricas y pobres». El PP-A exigió al Gobierno andaluz «bajar los impuestos de una vez por todas, equipararnos a otros territorios y hacer realidad la bonificación en el impuesto de sucesiones».

Jiménez Barrios destacó el papel en la Conferencia de Presidentes jugado por la presidenta de la Junta e indicó que el Gobierno andaluz se muestra «satisfecho» con los principios de acuerdos alcanzados. El principio de acuerdo de «mayor relevancia» es el orientado a tener un nuevo sistema de financiación autonómica. Según el vicepresidente, el actual ha supuesto que Andalucía haya dejado de recibir 4.672 millones desde 2009. Jiménez Barrios explicó que se creará una Comisión de Expertos, integrada por el Estado y las comunidades, que va a llevar a cabo los análisis necesarios. La Junta defiende que el sistema ha de estar fundamentado «sobre los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en función del coste efectivo de los mismos». También calificó como «muy importante» el principio de acuerdo para que, de forma paralela, se aborde la reforma del sistema de financiación local. Jiménez Barrios indicó que la Conferencia de Presidentes también ha convenido analizar los actuales mecanismos de financiación de la dependencia y afrontar una «reclamación permanente» de muchas comunidades, que es la de volver a la aportación al 50% entre Estado y autonomías. El vicepresidente hizo referencia a la propuesta andaluza de analizar las diferencias en los impuestos cedidos por el Gobierno a las comunidades, especialmente en materia de sucesiones y patrimonio, que no tienen tramos tasados, «para comprobar si aquellas comunidades en las que la horquilla es inferior o incluso se producen exenciones se debe a que se encuentran más financiadas», añadiendo que Andalucía tiene que aportar 2.000 millones adicionales cada año para sufragar servicios públicos.

La popular Ana Mestre insistió en la necesidad de bajar los impuestos en Andalucía». Mestre criticó que la Junta reclame el dinero perdido por el sistema de financiación pero no se refiera «al dinero perdido por no ser diligente y por las irregularidades». El PSOE, por su parte, señaló que «no es posible que quien reclama más médicos y profesores, no apoye la reforma de la financiación».