La Junta insta a las empresas públicas a reducir personal

El Proyecto de Ley de Presupuesto de 2014 aprobado el martes va camino de ser «papel mojado». Ya lo advirtió un día después el portavoz parlamentario de IU José Antonio Castro: su formación no da por cerrado el anteproyecto de Ley ni ahora «ni en diciembre», cuando el texto definitivo se apruebe en la Cámara autonómica tras su tramitación parlamentaria y la aprobación de las enmiendas pertinentes. El anteproyecto que ayer entregó la consejera de Hacienda y Administración Pública en el Parlamento le da la razón a Castro: hay aspectos que nada tienen que ver con los que se presentaron el martes.

En el capítulo sobre el sector público, el anteproyecto asegura que «la necesaria estabilidad y equilibrio presupuestario demandan la necesidad de continuar avanzando en la implantación de políticas de racionalización y reducción del gasto de explotación de las empresas públicas». El siguiente párrafo guía el camino de esas medidas: «se materializarán principalmente en las partidas de aprovisionamientos, otros gastos de explotación y en gastos de personal». De hecho, en el texto se indica que «los gastos de personal del conjunto de entidades que se integran en el estado de ingresos y gastos del presupuesto experimentan una reducción de aproximadamente un 3,2 por ciento, 25,4 millones de euros, con respecto al ejercicio precedente».

No se trata de ninguna medida nueva, sino que se prorrogan las ya existentes: la reducción de retribuciones del personal de alta dirección y del resto de personal laboral; la adecuación retributiva de los equipos directivos a niveles similares a los ya existente en la Administración General; «la armonización de las condiciones de trabajo, tanto en el ámbito retributivo como respecto a vacaciones y permisos de los empleados de las entidades instrumentales y consorcios con los de la Administración de la Junta; el establecimiento de una jornada ordinaria de trabajo de treinta y siete horas y media semanales en cómputo anual; reducción de días de vacaciones y permisos; suspensión de la acción social; limitación del crédito horario de los representantes sindicales, entre otras».

La administración paralela es una de las claves en el debate acerca de la «grasa» que aún conserva la Junta y que ha motivado alguna discrepancia entre los socios de Gobierno. El PSOE niega que esté sobredimensionado: los pasos que ha dado para su reestructuración en los últimos años han sido mínimos. Para 2014, la financiación presupuestaria de ese conglomerado de empresas, entidades, fundaciones y consorcios ascenderá a 2.817 millones de euros, «en concepto de transferencias y subvenciones». Se reduce con respecto a 2013 el 8 por ciento anunciado el martes, «aproximadamente 248 millones de euros».

El Ejecutivo argumenta que ese anillo empresarial presta servicios básicos. No es así. El mismo Presupuesto aclara que «de esa cantidad, el 73,5% de la misma, 2.070 millones de euros se destinan a financiar asistencia sanitaria, dependencia y servicios sociales y educación». O lo que es lo mismo, 747 millones no sirven a este fin.

Aún así, la cifra es mayor. Este año, como novedad, se incluyen otros entes participados en su mayoría por la Junta o sus agencias administrativas que hasta ahora se omitían en las cuentas. El presupuesto de explotación global, sumando los fondos sin personalidad jurídica, se dispara hasta los 3.246,5 millones de euros. Como antes no se hacía, el texto dice que las cantidades «no son comparables» con respecto a otros años.

Las posibles sorpresas del Presupuesto no se acaban ahí. El presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, auguró una nueva subida de impuestos para cuadrar el alza de la recaudación de casi el 3 por ciento previsto. Es lo que reclama IU. El PP cree que el PSOE se acabará «plegando». La consejera de Hacienda reiteró ayer que este extremo no se contempla.