La Junta, la que más debe a las empresas de tecnología sanitaria

El plazo medio de pago a los proveedores sanitarios es de 190 días, muy por encima de lo que marca la ley

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la inauguración del nuevo Chare de Écija (Sevilla)
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la inauguración del nuevo Chare de Écija (Sevilla)

La deuda ascendía a cierre de 2015 a 224 millones de euros, encabezando la lista de administraciones más morosas.

Andalucía encabeza la lista de comunidades autónomas que más deben a las empresas de tecnología sanitaria, encargadas de suministrar todo tipo de aparatos a los hospitales y centros de atención primaria, además de material fungible. A cierre del año pasado, según datos aportados por la Federación de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), la Junta debía 224 millones de euros, la cifra más abultada de todas las regiones españolas. Le seguían Valencia, con 160 millones de euros, y Madrid, con 119. No obstante, en seis meses la Junta logró reducir su deuda con estas empresas en 35 millones de euros, puesto que en junio del año pasado el déficit ascendía a 259 millones de euros. Entonces, también era la administración más deudora. Sin embargo, si tenemos en cuenta el balance de 2014, Andalucía no ha hecho más que ir aumentando estas cifras. A cierre de 2014 debía 197 millones de euros, aunque era la tercera comunidad más deudora. La lista la encabezaba entonces Valencia, con 261 millones, seguida de Madrid, con 255.

Fenin, sin embargo, destaca que la cifra global de deuda de todas las regiones es la más baja de los últimos cuatro años, alcanzando los 1.085 millones de euros. En este sentido, destaca que se ha producido un «avance muy destacable», puesto que la cifra se ha reducido un 79 por ciento desde el año 2011, cuando se alcanzaron los 5.230 millones de euros. La organización explica que esta mejora se debe, en gran parte, a la inyección de fondos del Gobierno central a las comunidades autónomas a través de los Fondos de Liquidez Autonómica (FLA) y del Fondo de Facilidad Financiera (FFF).

En cuanto a los pagos, Andalucía no es de las comunidades que más tardan en abonar las facturas, aunque el dato es preocupante: 190 días de media. Es la quinta región que más tarda. La lista la encabeza Extremadura, con 264 días de media, seguida de Baleares, con 236, Aragón, con 220, y Valencia, con 209. La ley obliga a pagar a los proveedores de las administraciones en un plazo de 30 días, una exigencia que no se cumple en la mayoría de los casos. Los periodos se han ido dilatando como consecuencia de la crisis, aunque los planes de pago a proveedores, impulsados por el Gobierno central, han ido reduciendo los tiempos. La cifra de los 190 días sigue estando muy por encima de los 61,44 que reconoce el Ministerio de Hacienda que tarda Andalucía en pagar a los proveedores. Precisamente, este último dato está por encima de la media nacional, que se sitúa en los 45,20.

Fenin es una organización de ámbito nacional con más de 500 miembros –empresas individuales, asociaciones y colaboradores– que se dedican a fabricar, importar y distribuir tecnología sanitaria. El colectivo representa el 80 por ciento del volumen total del negocio del sector, estimado en 6.900 millones de euros y con más de 25.000 empleos directos. Estas empresas surten a los hospitales y centros de salud desde gasas y apósitos hasta aparatos de oxigenoterapia o de diálisis, fundamentales en los tratamientos que se ofrecen a los pacientes. Los hospitales han venido reclamando en los últimos años, sobre todo, sistemas de información clínica, dado el gran nivel de obsolescencia de los equipos existentes. La demanda creció igualmente en los sectores de oftalmología, dental, diagnóstico in vitro, nefrología e implantes ortopédicos, todos estos ámbitos al calor de las clínicas privadas. También fueron muy demandados los aparatos de terapias respiratorias domiciliarias. No obstante, los beneficios de estas empresas se han visto mermados doblemente en los últimos años. Por un lado, la crisis ha obligado a recortar materiales y maquinaria en los centros sanitarios, además de su renovación, con las lógicas consecuencias para los pacientes. Por otro, las administraciones han ido dilatando sus pagos, lastrando a un sector que ha visto en las clínicas privadas su principal salvoconducto.