La Junta mintió en vísperas de las elecciones para tapar una ayuda ilegal

Un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía sobre la revisión de oficio de las ayudas de 1.150.000 euros del «fondo de reptiles» que recibió la empresa Industrias Elizana desmiente los argumentos de la Junta en vísperas de las elecciones del 25 de marzo para defender al entonces director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera.

Un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía sobre la revisión de oficio de las ayudas de 1.150.000 euros del «fondo de reptiles» que recibió la empresa de fabricación de muebles Industrias Elizana desmiente los argumentos de la Junta en vísperas de las reñidas elecciones autonómicas del 25 de marzo para defender al entonces director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera.

En la documentación que obra en poder del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla consultada por este periódico aparecen dos ayudas sociolaborales de esta empresa radicada en Lucena (Córdoba): una de 450.000 euros con fecha de enero de 2009 y otra de 700.000, de septiembre de 2010. La primera fue íntegramente pagada en 2009 y de la segunda Empleo libró 525.000 euros en 2010 (el 75 por ciento), dejando pendiente 175.000 euros.

La subvención de 700.000 euros es la más polémica. La otorgó el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera. Este alto cargo estuvo al mando de Empleo en la segunda mitad de la anterior legislatura: desde el 6 de abril de 2010 hasta el 12 de junio de 2012 ,cuando lo cesó el presidente José Antonio Griñán, una vez constituido el nuevo Gobierno bipartito PSOE-IU. Quedó en libertad en julio del año pasado tras prestar declaración ante la jueza Alaya, que le imputó cuatro delitos continuados de malversación, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos e infidelidad en la custodia de documentos. En una grabación aportada a la Guardia Civil por una ex asesora de Empleo en la Consejería, María José Rofa –también imputada–, Rivera admitió posibles irregularidades en la adjudicación de la ayuda a Industrias Elizana. «Lo único que ha venido ha sido Elizana, que es lo único, que le he dado alguna cosa y ya está».

El mismo día que trascendió la comprometida grabación, en marzo del pasado año, la Junta reaccionó inmediatamente emitiendo un comunicado para respaldar a su director general, al que el Ejecutivo autonómico ha estado pagando el abogado. Era el 23 de marzo, víspera de la jornada de reflexión previa a las elecciones autonómicas del día 25 y la información ponía aún más contra las cuerdas al Gobierno andaluz. La Oficina del Portavoz de la Junta defendió a capa y espada la legalidad de la ayuda, al existir una «solicitud debidamente justificada», así como los correspondientes planes de viabilidad y de negocio.

El Ejecutivo de Griñán queda en evidencia doblemente. Primero, porque pese a defender la legalidad absoluta de la ayuda, inició un procedimiento de revisión de oficio apelando a que la concesión se produjo «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido», justo el reparo que reiteradamente hizo la Intervención General a la Junta en sus informes y, aún así, siguió pagando ayudas del «fondo de reptiles». Segundo, porque el contundente dictamen del Consultivo fechado el 27 de noviembre, una vez analizada toda la documentación, desmonta todos los argumentos esgrimidos por la Junta en vísperas electorales. Señala, en relación a la citada subvención de 700.000 euros que declara nula, que «en modo alguno se ha justificado la existencia de esas razones de interés público». Añade que «resulta evidente que no se justifican las circunstancias de excepcionalidad, no consta el más mínimo atisbo de publicidad, ni bases reguladoras, requisitos y condiciones concretas y determinadas impuestas a la entidad beneficiaria». «Hay que hacer notar que tampoco se adquiere ningún compromiso concreto, nada se concreta al respecto, ni la entidad beneficiaria de la ayuda asume unas obligaciones en unos plazos determinados, ni tampoco los trabajadores supuestamente destinatarios de las ayudas». «La vaguedad sobre el destino de la ayuda comprometida y las obligaciones asumidas por la entidad beneficiaria es tal que conviene recordar que el concepto mismo de la subvención es incompatible con la atribución libérrima de fondos públicos».