La Junta no dota de personal al Consejo de Transparencia y limita su funcionamiento

En enero de 2016, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, durante la toma de posesión del director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Manuel Medina, abogó por fortalecer las instituciones y la democracia, en un momento «importante» para el país. Y señaló que la transparencia, junto a la lucha contra el desempleo y el mantenimiento de los servicios públicos del estado del bienestar, era una de las prioridades desde su investidura al frente de la Presidencia de la Junta. Algo más de un año después, la realidad es que el Consejo de Transparencia no puede desarrollar su labor con normalidad porque carece de personal suficiente, según denunció ayer la portavoz de Empleo del Grupo Popular en el Parlamento autonómico, Teresa Ruiz-Sillero.

El argumento es del propio Consejo de Transparencia y Protección de Datos. El organismo, tras una denuncia del PP, al no publicar la Junta el anteproyecto de la Ley de Presupuestos para el año 2017, esgrime, entre otras cosas que, «por cuestiones ajenas a la esfera de decisión de este organismo, no se asignó personal con la debida cualificación técnico-jurídica para tramitar y resolver las numerosas reclamaciones, denuncias por incumplimiento de publicidad activa y demás asuntos que diariamente se presentan ante la institución». Explica la resolución que «para paliar esta situación, en el ejercicio 2015 se recurrió al nombramiento provisional –en los términos previstos en el artículo 1 0.1d) del Estatuto Básico del Empleado Público– de tres funcionarios interinos, que se adscribieron al Área de Transparencia». El problema es que, «dado el límite temporal que impone a estos nombramientos la vigente Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, la prestación de sus servicios se limitó a un periodo de seis meses, por lo que las carencias de personal en dicha área han vuelto a repetirse».

No parece que esta situación vaya a resolverse próximamente. «La aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Consejo, que incluye la dotación mínima de plazas para el ejercicio de sus competencias, ha de poner fin a esta situación de precariedad de recursos humanos en el Área de Transparencia. Sin embargo, sigue en fase de tramitación ante los órganos competentes, pese a que fue presentada en el mes de junio de 2016, dentro del plazo temporal previsto en los Estatutos del Consejo». La conclusión es clara: «la situación descrita impide, a pesar de los esfuerzos del personal asignado, poder cumplir los plazos previstos en la normativa de aplicación».

Pese a estas limitaciones –o debido a ellas–, y como publicó recientemente este periódico, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha tramitado 101 reclamaciones contra resoluciones de la Administración de la Junta hasta el 31 de marzo de este año, de las que estimó nueve y otras 16 parcialmente, desestimó 22, inadmitió 38 e incluyó 16 en la categoría de «otras», de acuerdo a las estadísticas hechas públicas por la Secretaría de Transparencia de la Consejería de Presidencia y Administración Local a través del portal del Gobierno autonómico.

Para Ruiz-Sillero, «si el Consejo de Transparencia no tiene personal funcionario, no puede funcionar ni ser eficaz a una de las cuestiones que más adolece el Gobierno andaluz, que es la falta de transparencia».