La Junta no sabe quién vive en el 50% de sus viviendas sociales en alquiler

La crisis de la Corrala Utopía resultó clarificadora. La Junta aún hoy paga pisos privados con dinero público a los ocupas del edificio de San Lázaro, en Sevilla. La Consejería de Fomento y Vivienda asegura que las 43.526 viviendas destinadas a alquiler social que posee están ocupadas. Pero no sabe quién vive en el 50% de ellas, denuncia el PP. Y no sólo eso, sino que «ha tirado la toalla en materia de recaudación», como quedó constatado al admitir el Gobierno andaluz que más de un 70% de sus inquilinos (34.228) mantiene alguna deuda en concepto de renta. Unos datos, avanzados el pasado martes por este diario, que redundan negativamente en las miles de familias andaluzas con una mayor necesidad acreditada y que se ven privadas de estas viviendas.

El Estatuto de Autonomía establece como competencia exclusiva de la Junta la promoción de viviendas públicas y sociales en alquiler para garantizar una vivienda digna a las miles de familias que no pueden acceder a una a través de los precios del mercado. El PP critica que la Junta delegue la gestión de su Parque Público de Vivienda Social de 43.526 inmuebles en alquiler a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA) sin que exista un reglamento de gestión que garantice transparencia y eficacia. Al contrario, «las notas dominantes a la hora de determinar la adjudicación de estas viviendas son la arbitrariedad, la opacidad, la falta de transparencia y el inmovilismo», recuerda. Además, los populares subrayan que la gestión de la AVRA en los últimos años está siendo investigada judicialmente.

La parlamentaria popular Alicia Martínez aseguró a LA RAZÓN que existe un «absoluto descontrol» por parte de la Junta: viviendas sin regularizar en un número importante, sobre las que ni siquiera se conocen las personas que las ocupan, que «ronda el 50%», y también muchas familias que «no pagan ningún alquiler, aún pudiendo, en detrimento de las que realmente no pueden hacerlo». De hecho, recuerda Martínez que los ayuntamientos demandan mayor número de viviendas del parque público social de la Junta para ponerlas a disposición de familias con procesos de intervención social. Es más, en muchos casos son los gobiernos locales los que «se ven obligados a hacer frente a pagos de alquileres de viviendas privadas ante la falta de recursos transferidos».

El PP, como recuerda Martínez, registró a mediados del pasado mes de junio una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento en la que se insta a la aprobación de un reglamento de gestión y funcionamiento del Parque Público de Vivienda Social, a través del cual se determinen los requisitos para acceder a las viviendas, un baremo con indicadores comunes que permita establecer prioridades de acceso y que unifique los criterios de los ayuntamientos, garantizando la transparencia, la igualdad de oportunidades y la libre concurrencia. Además, se propone la inclusión de fórmulas de pago de los alquileres aplazado, compensado, o cualquier fórmula que haga posible la implicación de los inquilinos en el mantenimiento de las viviendas. Del mismo modo, se reclama publicar y actualizar con periodicidad fijada por el reglamento en la web de la Consejería de Fomento y Vivienda el inventario y la oferta de vivienda social del parque público,entre otras cuestiones.

Frente a esto, Martínez denuncia que el «descontrol absoluto» actual conduce a un «clientelismo» en materia de vivienda, como demuestra el hecho de que el Gobierno socialista andaluz «haya tirado la toalla en materia de recaudación». Un cobro «eficaz» permitiría «dar cabida a otras familias que sí lo necesitan». La renta mensual media de las viviendas en alquiler social es de 33,9 euros. De enero a mayo de 2015 los ingresos percibidos por este concepto se situaban en 3.351.032 euros, lo que supone apenas el 45,4% del total. Es decir, la Administración ha dejado de recibir por parte de sus inquilinos 4.026.625 euros correspondientes a los primeros cinco meses del año. De un ingreso previsto de 17,7 millones en 2015 se recaudarían apenas 8 millones.