La Junta obvia en el borrador de Presupuestos la jornada de 35 horas

La posible prórroga presupuestaria del Gobierno central deja en el aire la articulación de la jornada laboral

La más que probable prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que el Consejo de Ministros debería aprobar como fecha tope este sábado para cumplir con los plazos establecidos, afecta a las comunidades autónomas, ya que hay cuestiones de titularidad básica estatal intocables, como la tasa de reposición o la subida salarial. Sólo el Gobierno puede regularlas. Además, Andalucía se ve especialmente concernida, toda vez que está pendiente de un acuerdo sobre la vuelta a las 35 horas que ahora queda en el aire. De hecho, la Junta obvia este importante punto sobre la regulación de la jornada laboral en el Anteproyecto de Ley de Presupuestos de 2018 consultado por LA RAZÓN.

La Junta se mueve en un terreno de cierta alegalidad desde que el Tribunal Constitucional, previo recurso del Gobierno, decidiera suspender a finales de julio el decreto andaluz por el que devolvía a los empleados públicos la jornada de 35 horas que el Ejecutivo central subió a 37 y media para hacer frente a la crisis económica. Ni la presidenta de la Junta ni ningún consejero dice abiertamente que se esté aplicando la jornada previa a los recortes para no hacer patente su desafío al Estado. De hecho, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, preguntada por este asunto el miércoles de la semana pasada tras presentar el acuerdo de Presupuestos andaluces junto a Ciudadanos, se blindó con una fórmula sencilla: el Ejecutivo regional –adujo– «no va a dar un paso atrás» y las 7.000 personas que han entrado a trabajar en educación y sanidad seguirán en sus puestos. En ningún momento despejó si la Junta ha perfilado el Presupuesto de 2018 con una jornada de 35 horas, como le exige la suspensión del Constitucional, o de 37 y media. Es una calculada ambigüedad para seguir avanzando de manera transitoria.

No obstante, este periodo transitorio ahora se va a dilatar, ya que todo apunta a que no habrá Presupuestos Generales del Estado al menos hasta principios de 2018, para guardar un margen de distancia con el momento de mayor tensión del desafío catalán. Y por tanto, la Junta lo tiene ahora más difícil. El Ejecutivo andaluz confiaba precisamente en que el Ejecutivo central expresara un encaje en las cuentas del próximo año a través de una disposición específica, teniendo en cuenta además que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya dejó la puerta abierta a regular la jornada de 35 horas en todo el país para sectores específicos como educación y sanidad.

El problema es qué hace la Junta ahora en sus cuentas. De momento, el primer paso es el de obviar la vuelta a las 35 horas. En el texto de la Ley de Presupuestos de 2017, la Junta sí hace referencia a la jornada de 35 horas en varios pasajes. Así, el artículo 13, relativo a la oferta de empleo público, recoge que para mantener la calidad en la prestación de los servicios públicos podrá recurrirse a la contratación de personal laboral temporal en aquellos ámbitos en que sea necesario reforzar la plantilla existente «para hacer efectiva la aplicación de la jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales de promedio en cómputo anual». Igualmente, en el Informe Económico y Financiero que acompaña a las cuentas se señala que «se llevarán a cabo los trámites para la reforma normativa necesaria para la implantación en enero de 2017 de una jornada general de trabajo en el sector público andaluz de 35 horas semanales». Es más, se especifica incluso una subida en gasto de personal del 1,7 por ciento, «tasa en la que se incluye el efecto de la recuperación de la jornada laboral de las 35 horas». En el Anteproyecto de Ley de los Presupuestos de 2018, que es un borrador normativo del texto que enviará el Consejo de Gobierno a la Cámara para que inicie la tramitación parlamentaria, no hay sin embargo ninguna alusión. Al contrario, el Ejecutivo andaluz ha eliminado el párrafo del artículo 13 en el que hacía referencia explícita a la regulación de la jornada.

Fuentes de la Consejería de Hacienda reconocieron ayer a este periódico que la prórroga presupuestaria tiene obviamente una «afectación» a la negociación sobre las 35 horas. La Junta dispone hasta final de esta semana para presentar las alegaciones a la decisión del Tribunal Constitucional. La intención es apurar los plazos para esperar a ver si el Gobierno mueve alguna pieza. Desde la Junta insisten en pedir al Ejecutivo central que levante la suspensión provisional. En este sentido, Susana Díaz manifestó ayer que espera que el Gobierno central se siente a negociar sobre este asunto. Al término de una reunión con el ministro de Economía de Portugal, Manuel Caldeira, en la segunda jornada de su viaje oficial a Lisboa, la jefa del Ejecutivo andaluz argumentó que el derecho a las 35 horas de los empleados públicos andaluces está consignado en los Presupuestos de la comunidad y ha supuesto la creación de empleo y mejora de los servicios públicos, por lo que confió en que el Gobierno nacional en estos momentos tenga «a bien sentarse a negociar», una cuestión que el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, achacó a la Consejería de Hacienda, «culpable de boicotear cualquier tipo de diálogo con el Ejecutivo central». Según Sanz, el Gobierno «ha tendido su mano para desbloquear» este conflicto de las 35 horas. Por su parte, fuentes de CSIF-A aseguraron asimismo a este periódico que esperan que la Junta incorpore una partida presupuestaria específica para hacer frente a la jornada de 35 horas. En el borrador de las cuentas de 2018 no aparece.

En cuanto a la subida salarial de los funcionarios, Andalucía se atiene a las mismas circunstancias que el resto de comunidades. Hasta que no haya nuevos Presupuestos Generales del Estado, rige la subida del 1 por ciento pactada para 2017. Una vez que el Gobierno apruebe sus cuentas –precisan a este periódico desde el Ministerio de Hacienda– el incremento que establezca lo cobrarán con efecto retroactivo tanto los funcionarios del Estado como los del resto de administraciones públicas.

Y al tercer año se cumplió la Ley de Transparencia

El Gobierno andaluz publicó ayer en el Portal de Transparencia el Anteproyecto de Ley de los Presupuestos de 2018. Esta vez sí ha cumplido su propia ley, después de habérsela saltado en los dos últimos años, tal y como publicó este periódico tanto en octubre de 2015 como en en el mismo mes de 2016.

Hay que recordar que la Ley de Transparencia recoge en su artículo 13 que tanto los anteproyectos de ley como los proyectos de decreto legislativos deben publicarse «cuando se soliciten los dictámenes, en su caso al Consejo Económico y Social de Andalucía y al Consejo Consultivo». La Junta lo ha cumplido con otras leyes, pero no con la de Presupuestos alegando que esta norma estaba sujeta a un procedimiento distinto.

El Partido Popular llevó el incumplimiento al Consejo de la Transparencia. Este órgano le dio la razón. E instó a que «en lo sucesivo» procediera a la publicación de los anteproyectos de ley de presupuestos tal y como lo recoge la citada normativa autonómica en el artículo 13.

El Parlamento aprobó la Ley de Transparencia en junio de 2014 y contó con la unanimidad de los tres grupos entonces representados: PSOE, PP e IU.