La Junta reconoce la descertificación de 7,3 millones otorgados a su fundación Faffe

Admite que existen cuatro expedientes con informes desfavorables de la intervención. En conjunto suman 67,15 millones y contaban con cofinanciación de la Unión Europea

El consejero José Sánchez Maldonado en el Parlamento andaluz
El consejero José Sánchez Maldonado en el Parlamento andaluz

Admite que existen cuatro expedientes con informes desfavorables de la intervención

En conjunto suman 67,15 millones y contaban con cofinanciación de la Unión Europea

Tal vez sea hora de ir haciéndose cargo. Aunque las preguntas no se hicieron ni las formularon quien se recoge en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) que se hizo público ayer, se enunciaron. Los diputados del PP-A Manuel Andrés González y Amós García quisieron saber en noviembre de 2016 cuál era la relación de expedientes de subvenciones otorgadas a la ya extinta Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo (Faffe) cofinanciados con fondos europeos que hubieran «sido objeto de informes desfavorables por parte de la Intervención General» de la Junta (IGJA), los motivos de que aquéllos existieran y si había dado lugar a la descertificación de dinero procedente de Bruselas. Todo después de que una interventora declarara en la comisión parlamentaria de investigación que analizó los cursos de formación que sí existían y sobre ayudas vinculadas al camino recorrido por la ex fundación del Ejecutivo regional que le llevó a una marca: estar ahora en el punto de mira de la Justicia.

¿El encargado de responderles? El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado. Les ha informado de la existencia de cuatro expedientes, uno de 2008, otro de 2009 y dos más de 2010, cuyo importe global asciende a 67.152.998,1 euros, de los cuales el 89% ha sido certificado. Y les ha proporcionado un dato significativo: se propuso «la descertificación por 7.302.492,22 euros». En cuanto a las razones que se alegaron, el titular de Empleo enumera de nuevo cuatro. Se refiere para empezar a los gastos de personal y admite que Faffe no aportó «justificación sobre el trabajo desarrollado» en un proyecto «por el personal incluido en la declaración de gastos», por lo que el Ejecutivo autonómico no pudo comprobar si los costes de plantilla imputados a la ayuda estaban «directamente relacionados con el proyecto subvencionado». Punto en el que matiza que esos trabajadores justificaban su actividad «a través de un sistema informático de seguimiento de la orientación», un «aplicativo» que, según asevera, «no fue objeto de revisión por el auditor durante el control». Luego, Sánchez Maldonado alude a una segunda causa que les llevó a demandar la descertificación de fondos europeos: «No hemos podido verificar», reconoce «los criterios de imputación de los gastos generales» no cargados «al 100%» a la actividad financiada. Con todo, puntualiza que no se manifestaron «incidencias» al respecto en trabajos de auditoría independientes que se desarrollaron, pese a que se solicitó al experto externo que «se pronunciara» sobre ese asunto.

En cuanto al tercer factor, el consejero expone que tampoco se pudo probar, en base a la documentación aportada por la ex fundación pública, la relación del resto de gastos con las acciones formativas subvencionadas. Aunque otra vez aquí se apostilla que no se detectaron anomalías en informes de auditoría que se llevaron a cabo. En cuarto lugar, el consejero afirma que tampoco se pudo contrastar «la realidad de la actuación subvencionada, al no disponer de evidencias respecto a la ejecución de la misma». Para volver a precisar que, en este caso, hay «memorias de actividad que evidencian la realización» de la misma, así como «partes» firmados por «las personas participantes», a lo que suma que dos de los programas fueron objeto de controles «in situ», siendo éstos «favorables». Si bien, el auditor no revisó esa documentación, ya que no la demandó. Por último, Maldonado apunta que ha de tenerse en cuenta que la «ejecución y justificación» de los mismos, «confluye con la extinción de la fundación, operada en virtud del mandato contenido en la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público» andaluz y, en consecuencia, «con el cese» de su actividad». Faffe llegó a tener casi 1.140 empleados en nómina, subrogados tras su liquidación al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

El Gobierno andadaluz pretende ahora «disponer» de los fondos para formación que paralizó

Y se reconfirma: el periodo sin fondos públicos destinados a la formación para el empleo en la comunidad habrá sido transitorio, pero extenso. La parlamentaria andaluza del PP Teresa Ruíz-Sillero preguntó también a la Junta por escrito. En su caso se interesó por conocer a cuánto ascendían las cantidades recibidas por el Gobierno regional para políticas activas de empleo procedentes del Ejecutivo central en la década comprendida entre 2004 y 2014 y a cuánto se elevaban los importes realmente ejecutados en esa materia. En la respuesta armada por el equipo del titular andaluz del ramo, José Sánchez Maldonado, si hay algo que queda claro, al margen de las cifras aportadas por el Ejecutivo autonómico antes de publicarse esta respuesta, es que en Andalucía se suspendieron en 2012 las convocatorias de actividades formativas profesionales. Es más, el consejero pide en su respuesta que, pese a la decisión unilateral del parón, se permita a Andalucía «disponer» de esos fondos sin ejecutar desde hace cinco años.