La Junta rectifica para pagar la hora a los monitores según convenio

La Agencia Pública de Educación ignora el resto de derechos al «no existir relación contractual» directa. Obligada a repetir la licitación en varias provincias por el Tribunal, eleva un 20% el presupuesto base de licitación.

La nómina de los monitores de educación especial contratados por la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) ascendió a 472 euros en el mes de septiembre. Las empresas que selecciona la Administración para favorecer la integración escolar de menores con necesidades pagaron a 4,47 euros la hora a estos profesionales. La situación se remonta años atrás, pero no ha sido hasta la denuncia de una empresa que ni siquiera pudo optar al último concurso público, tras estudiar el pliego de condiciones del procedimiento, cuando la Junta ha admitido a la fuerza la que ha venido siendo la principal reclamación del colectivo: el incumplimiento del convenio por parte de las sociedades que cubren externamente el servicio para la Junta de Andalucía por el bajo presupuesto base de licitación. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha tumbado los pliegos de contratación para el curso actual al menos en las provincias de Sevilla, Málaga, Granada y Córdoba, y en las últimas horas el ente de la Consejería de Educación, APAE, ha empezado a rectificar los presupuestos base de los contratos para que las adjudicatarias paguen las horas de trabajo a los monitores conforme a la ley, en este caso el XIV Convenio colectivo de centros y servicios de atención a personas con discapacidad.

Los contratos de las provincias de Sevilla y Granada han sido los primeros en salir a nueva licitación. En el primer caso, el presupuesto base del servicio de apoyo y asistencia escolar al alumnado con necesidades educativas de apoyo específico pasa de 1.922.328,80 euros netos a 2.294.190 euros. En el nuevo pliego se estipula que esta cifra viene determinada por el precio unitario de 14,50 euros la hora por monitor, IVA no incluido (¿recuerdan lo que finalmente llega a los bolsillos de los monitores?). En total, 371.861,2 euros más que lo fijado antes (19,34% más). En el caso granadino, el importe neto del servicio fijado en un principio era de 1.183.700 euros, mientras que tras la revisión forzada se sitúa en 1.385.997 euros, 202.297 euros más (17%).

A expensas de que se abran los procedimientos en el resto de provincias, se intuye que estos aumentos deben ir destinados directamente a los ingresos mensuales de los trabajadores subcontratados. Lo que no se sabe es cuándo se materializarán. De hecho, el plazo de presentación de ofertas se dilata ahora hasta el 8 y 9 de noviembre en estos primeros dos casos.

Esta rectificación de la Junta, en cualquier caso, no convence al colectivo. Portavoces de varias provincias consultados por este diario insisten en el temor a que la subida no llegue a los profesionales, porque «las empresas pueden seguir ofertando a la baja y no veamos ni un euro». Además, la situación tampoco es idílica. La Administración se limita a pagar la hora de trabajo de los monitores según convenio, sin asumir como responsabilidad que las empresas contratadas cumplan el resto de derechos que les corresponde al colectivo.

Sin ir más lejos, ayer mismo se produjo una reunión entre representantes de los trabajadores con el director de la Agencia Pública de Educación y el PSOE, tildada como «decepcionante» por los primeros. El antiguo ISE mantiene su postura al asegurar que entre los trabajadores y la Administración «no existe relación contractual» y directamente se lava las manos en cuestiones tan simples como el derecho a gozar de vacaciones o que sean respetadas la categoría laboral o la antigüedad. Frente a esto, los representantes políticos socialistas presentes en la cita admiten que la situación es «injusta» y asumen el compromiso de buscar una solución.

Una monitora anónima, y «chamuscada», explica en una carta remitida a esta redacción la precariedad que sufre un colectivo que se ha encontrado con «falta de apoyo por parte de los sindicatos mayoritarios, de la Consejería, de la APAE» y el «gran yugo de las empresas privadas contratadas con dinero público para seguir fomentando este tráfico ilegal de trabajadores con el beneplácito de la Administración Pública». Empresas que la Junta «contrata y no vigila», recordando a la agencia que el convenio dice que el servicio cubre los doce meses del año, «con derecho a vacaciones pagadas, por no pedir mucho y ser exagerado». «Si la Administración no propicia las condiciones necesarias –prosigue–, siempre estaremos en fraude de ley y siempre estaremos denunciando a las mismas empresas (las cuales tienen causas abiertas que recurren una y otra vez) ya que se acogen a la dichosa Ley de Contratación Pública sin posibilidad de veto al no haber sentencia firme».