La Junta recurre a colocaciones de «usar y tirar»

En la amalgama de contrataciones que lleva a cabo la Junta hay de todo. Incluso empleados temporales que podrían llamarse de «usar y tirar». Un ejemplo de esto se puede encontrar en el Boletín Oficial del Parlamento autonómico (BOPA). En diciembre de 2015, los diputados de Ciudadanos (C’s) José Antonio Funes y María Isabel Albás, se interesaron por la plantilla actual de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), los procesos de selección de personal llevados a cabo en ella en los últimos tres años y sus adjudicaciones de obras o servicios.

Esta agencia, el antiguo Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE), se ocupa de la gestión de esos equipamientos en el sector, de servicios complementarios de la enseñanza pública y, desde finales de 2014, de las acciones formativas que antes desarrollaban los consorcios escuela, tras la extinción de éstos al calor de las irregularidades detectadas en torno a los cursos financiados por la Junta. Está adscrita a la Consejería de Educación, por lo que la respuesta a los parlamentarios de C’s ha llegado de ese departamento, que dirige Adelaila de la Calle. Según los datos proporcionados por ésta, la APAE cuenta con 180 trabajadores, 14 con contratos de alta dirección y el resto, que incluye desde dos directivos, a un conductor, pasando por un gerente provincial, 26 administradores, 61 técnicos, 64 gestores, un jefe de área, dos «especialistas» y ocho administrativos; laborales indefinidos.

En su contestación, De la Calle expone que en los últimos tres años, «limitaciones» presupuestarias han motivado la reducción de la plantilla, dada la «no reposición de los trabajadores que han causado baja por diferentes motivos». Si bien, en 2013 el entonces ISE solicitó a la Consejería de Hacienda y Administración Pública que, «de forma excepcional» le autorizara a contratar temporalmente a 20 personas, distribuidas por la red de gerencias provinciales y por los servicios centrales. ¿El motivo? Que la agencia «contara con los medios humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de los plazos en la ejecución y certificación de las actuaciones» englobadas en el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan OLA) y, «de esa manera, asegurar el aprovechamiento de estos fondos europeos en la mejora de las infraestructuras educativas en la comunidad». El Plan OLA contaba con cofinanciación de la UE –del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y del Fondo Social Europeo (FSE)–, por lo que era «crucial», como reconoce la propia consejera, garantizar que el trabajo se sacara adelante. La causa la explican fuentes del mundo económico. Los fondos comunitarios «se pierden de manera automática» si no se usan «en los dos años posteriores al que se contrajo el compromiso inicial. Se tratan de una regla conocida como N+2», apuntan. Es decir, lo comprometido en 2013 tendría que gastarse antes de que finalizara 2015.

Tanto Hacienda como la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación dieron el visto bueno al desembarco en la Administración de los veinte laborales temporales que fueron seleccionados a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). «La contratación de estos trabajadores se inició en abril de 2013», precisa la titular de Educación, para «quedar extinguida» poco más de dos años después, el 30 de junio de 2015, cumplida la labor. Por lo que respecta a las adjudicaciones, De la Calle remite a Ciudadanos al sitio web de la Junta para saber de ellas.