La Junta refuerza los juzgados de violencia de género con 94 funcionarios

El vicepresidente, Juan Marín, anuncia en el Parlamento un plan de choque con un presupuesto de dos millones con cargo al Pacto de Estado

El vicepresidente de la Junta y consejero de Justicia, Juan Marín /Foto: Manuel Olmedo
El vicepresidente de la Junta y consejero de Justicia, Juan Marín /Foto: Manuel Olmedo

El vicepresidente de la Junta y consejero de Justicia, Juan Marín, anunció este jueves en comisión parlamentaria un "plan de choque con vocación de continuidad"para desatascar los juzgados que ven los casos de violencia de género, tanto los especializados como aquellos mixtos o de primaria instancia que tienen entre sus competencias estos asuntos, mediante la contratación desde el 3 de junio de 94 funcionarios interinos del cuerpo de tramitadores procesales. El presupuesto, de algo más de dos millones de euros, procede de la Secretaría de Estado de Igualdad con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Se une a los 790.000 euros ya anunciados para crear, en la primera quincena de junio, ocho nuevas Unidades de valoración integral de la violencia de género (Uvivg) -una más en cada provincia con lo que habrá dos en todas ellas y tres en Cádiz- formadas por médico forense, trabajador social y administrativo.

Marín anunció también la homologación de los pliegos de condiciones para adjudicar a entidades externas la elaboración de estas periciales y que ha dado la orden de no renovar los contratos de adjudicación que expiran con las que actualmente realizan dichos informes, a las que Vox ha puesto bajo sospecha al pedir los datos de su personal por considerar que está "ideologizado". La Mesa de la Cámara echó atrás su petición de nombres y apellidos y en su lugar se les remitió información de su formación profesional y si estaban o no colegiados. Los resultados, que arrojaron que el 40% de los psicólogos, trabajadores sociales y forenses no estaba colegiado, sirvió de arma arrojadiza a Vox para cuestionar su independencia y a PSOE y Adelante Andalucía para hablar de "persecución"y "listas negras". El Gobierno andaluz de PP y Cs ya anunció que exigiría la colegiación en base a una sentencia del Supremo de 2015 que indica que deben estar colegios estos profesionales cuando trabajan en servicios públicos. Marín, de hecho, avanzó este jueves que los datos ya han cambiado desde que se hicieron públicos en respuesto a Vox y actualmente sólo quedan sin colegiar el 12,5% de los trabajadores sociales y psicólogos de los equipos psicosociales y el 11,11% de los médicos forenses.

No obstante, todos los grupos afearon a Vox que equiparara la no colegiación a falta de profesionalidad, una equiparación que también rechazó Marín si bien la diputada de Vox Ana Mulas defendió que se trata de dar "garantías"al usuario y de que los informes periciales se puedan "replicar". De hecho, pidió a la Junta que haga una base de datos de los informes periciales ratificados para que los implicados puedan consultarlos "con la debida protección de datos".

Esta petición no tuvo respuesta por parte de Marín que sí aceptó en cambio la realizada por la diputada de Adelante Andalucía Inmaculada Nieto, y apoyada por el PSOE, de incluir en los pliegos de condiciones que los profesionales no sólo estén colegiados sino que tengan formación específica en violencia de género. El vicepresidente también destacó que los nuevos pliegos de contratación homogeneizarán el precio de los contratos con estas entidades ya que actualmente "hay diferencias de hasta 100 euros entre provincias". Asimismo, no podrán subcontratar la elaboración de los informes sino que tendrán que contar con personal de plantilla para hacerlos.

El consejero de Justicia mostró su compromiso a que el aumento de personal en los juzgados de violencia de género se mantenga en el tiempo con fondos propios si no vienen del Estado y para ello garantizó una partida en los presupuestos de 2020.

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, acusó al Gobierno andaluz de "pasar por el aro de la estrecha derecha"y criticó que al no contratar a personal no colegiado "está dispuesto a recortar el número de trabajadores que cuidan de las víctimas de la violencia machista", está "dispuesto a entregar algo tan sensible como la protección de las mujeres y sus hijos".