Desahucio

La Junta reta al Gobierno al aprobar la ley antidesahucios

La Razón
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El pleno del Parlamento aprobó ayer, con los votos de PSOE e IULV-CA y el rechazo del PP, la ley de medidas para garantizar la función social de la vivienda, que sustituye al Decreto-Ley antidesahucios, paralizado tras ser recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) por el Gobierno central de Mariano Rajoy.

La nueva norma amplía respecto al anterior Decreto-Ley la posibilidad de que la expropiación temporal del uso de la vivienda pueda ser solicitada también por avalistas, autónomos y personas con «hipotecas puente», a la vez que «protege» a los desahuciados por impago del alquiler.

En concreto, se amplían los supuestos de expropiación a aquellos autónomos que hayan puesto su casa como aval para afrontar los impagos de su negocio y para aquellas personas que hayan avalado con su vivienda el crédito hipotecario de terceros.

Asimismo, se suma a los afectados por las «hipotecas puente», es decir, cuando se ha adquirido una hipoteca de nueva vivienda sin haber podido vencer el crédito de la anterior al no haberse vendido. Además, el texto incorpora una disposición para dar soluciones a personas que van a ser desahuciadas de un régimen de alquiler.

El PP, que votó en contra a pesar de que en el caso del Decreto-Ley se abstuvo, argumentó su posición en que se intente buscar con la norma «la confrontación» con el Ejecutivo central, ya que entiende que la ley «sólo va a servir a IU en su campaña electoral y al PSOE para hacer oposición a Rajoy».

En concreto la portavoz popular, Alicia Martínez, pidió que se diera «marcha atrás» en una norma que es «como poco polémica» y en la actitud «de perseverar en el error aún cuando no conduce absolutamente a nada». Cree que «en el pulso que plantean siempre pierden los andaluces». No se descarta que el Ejecutivo central recurra también la ley.

En ese sentido, la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, mantuvo que si el Gobierno no «parte de cero» y recurre al TC estará «planteando un estado de excepción para Andalucía».