La Junta retuerce la Lomce que quiere derogar para imponer su ideología

Centros y padres confían en acceder a los conciertos como en 2014, a través de los tribunales

La Junta de Andalucía se apoya en la mismísima Lomce, esa «nefasta» ley que pretende derogar, para imponer su criterio ideológico y suprimir los conciertos educativos a los centros de enseñanza diferenciada por sexos repartidos por la comunidad. Una cruzada iniciada hace años y que ahora el PSOE reedita pese a las sentencias judiciales que han venido dando la razón a los colegios y a las familias que eligen libremente este modelo, justo cuando está a punto de pronunciarse el Tribunal Supremo sobre la validez del concierto que vence en junio de 2017.

Más de 2.500 familias andaluzas se decantan por estos centros para la educación de sus hijos, muchos de ellos ubicados en barrios y zonas de exclusión social, pese a lo cual la misma presidenta, Susana Díaz, esgrime que «el que quiera un centro que segregue, que lo pague». La Consejería de Educación sostiene que estos colegios «quiebran» el principio de igualdad y, aunque «respeta» este modelo, no admite que sea sostenido «por fondos públicos», apelando al artículo 14 de la Constitución y a la Ley de Igualdad de Género. Es más, opta por aplicar sesgadamente la propia Lomce. La ley dice textualmente que «en ningún caso la elección de la educación diferenciada podrá implicar para las familias, alumnos y alumnas y centros correspondientes un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos», pero la Junta interpreta la frase final de este artículo: «Los centros deberán exponer en su proyecto educativo las razones educativas de la elección de dicho sistema, así como las medidas académicas que desarrollan para favorecer la igualdad», concluyendo el Gobierno andaluz que «la Administración, conforme a su planificación educativa puede acceder o no a esta posibilidad». Y, por último, argumenta que la «libre elección» de las familias «no es un derecho absoluto, sino que se ejerce al solicitar plaza».

Educación sólo retirará de la oferta las unidades de nivel de acceso. El alumnado ya escolarizado continuará con el concierto educativo, «que se resolverá por un año hasta contar con pronunciamiento judicial», dice la Junta. Y es que las medidas cautelares que ostentan los centros actualmente versan sobre el concierto que se acaba en junio de 2017.

Los centros ya trabajan en las alegaciones. Cuentan con un plazo de 10 días para la presentación de las mismas y el hándicap de que el 1 de marzo se abre el periodo de escolarización. «La Junta intenta disuadir a los padres en un periodo clave, pero es necesario hacer un llamamiento a la tranquilidad porque cumplimos las mismas condiciones que hace 4 años cuando los tribunales nos dieron el concierto», explicó a LA RAZÓN la portavoz de «Mis padres deciden», Gemma García, que contempla la actitud de la Administración como «un ataque ideológico» contra los centros y las familias que continúan demandando estos centros en el ejercicio de su derecho.

La patronal CECE lamentó los «flagrantes» incumplimientos de la consejería, que en la Comisión de Reclamaciones expuso que estos colegios renovarían por un año los conciertos, que no se iban a tocar centros con demanda o que serían sensibles con los de zonas especialmente desfavorecidas. «Las resoluciones enviadas a los centros son idénticas a las que anuló el TSJA» en 2014, «sin nuevos razonamientos», explica el secretario general de la organización en Andalucía, Rafael Caamaño.

Algunos de estos centros diferenciados tienen demanda incluso para abrir nuevas líneas de FP. «Han ofrecido nuevas titulaciones pero las Junta ni las mira pese a no ser capaz de atender la demanda. Sólo el curso pasado, unos 30.000 alumnos se quedaron sin acceso a la Formación Profesional», recuerda Gemma García.

Por supuesto, se ignoran los resultados académicos. El centro Albaydar lleva más de 50 años incorporando a la mujer al mundo laboral, mujeres con recursos escasos; en la zona de Altair, la tasa de abandono escolar oscila entre el 40-50%, en Altair es del 10%; Ribamar fue declarado «centro de interés social» en 1978...