Déficit público

La Junta rompe su «guerra fría» con el Gobierno por el atasco de los Presupuestos

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero
La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Monterolarazon

La consejera de Hacienda acusa al Ejecutivo central de no desvelar las entregas a cuenta para presionar en la negociación de investidura

La Junta ha sido la primera en romper la «guerra fría» que mantenía con el Gobierno por la tardanza en comunicarle las entregas cuenta para la elaboración del Presupuesto de 2017. Hasta ahora la Consejería de Hacienda y Administración Pública que dirige María Jesús Montero aguardaba con una queja contenida. El argumentario oficial pasaba por asegurar que la Junta seguía cumpliendo sus plazos para elaborar unas cuentas que tienen que ser enviadas al Parlamento para su tramitación como fecha tope el lunes 31 de octubre. Sin embargo, Montero pasó al ataque ayer en un acto en Sevilla, culpando al Ejecutivo central de retrasar de forma deliberada el anuncio de las entregas a cuenta como un elemento más de presión en el proceso negociador de investidura y conformación de Gobierno.

La relación entre ambas administraciones ya se había tensado por este asunto. Este periódico avanzó el pasado 5 de agosto que la ausencia de un Gobierno estable estaba atascando la elaboración de los Presupuestos autonómicos para 2017. La Junta, como el resto de comunidades, sin conocer las entregas a cuenta, que suponen aproximadamente el 75 por ciento de los recursos no financieros anuales, va a ciegas.

Hay que tener en cuenta que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 26 de julio su límite de gasto no financiero. Pero el ardid que utilizó para dar cumplimiento a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que en su artículo 30 indica que la comunicación al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) debe producirse antes del 1 de agosto, fue remitirse al límite de gasto no financiero del año 2013, que ascendió a 21.323 millones de euros. De hecho, en el acuerdo del Consejo de Gobierno se especifica claramente que «el trámite formal, exigido por la legislación básica estatal, queda a expensas de que el Consejo de Ministros fije su techo de gasto». La Junta, en definitiva, aprobó un límite de gasto no financiero «ajustable», un término que ya ha empleado en otras ocasiones porque no es la única vez que se han producido dilaciones. De hecho, para los Presupuestos de 2016 la Junta se remitió también a los 21.323 millones de 2013.

La acusación de la consejera de Hacienda se basa en que el Estado no necesita obligatoriamente aprobar su techo de gasto para comunicar las entregas a cuenta. Y apoya este argumento en que en otras ocasiones en las que se ha prorrogado el Presupuesto –Zapatero en 2011– las entregas a cuenta se han conocido en un plazo razonable. «El Gobierno de España –alegó la titular de Hacienda– debe conocer las entregas a cuenta con independencia de la aprobación del techo de gasto». «El Gobierno de España usa la excusa de que si no hay aprobación del Presupuesto, no va a haber actualización de las entregas a cuenta», advirtió Montero, apuntando a una maniobra para «presionar a los territorios, para que a su vez ejerza presión en los partidos para la formación de Gobierno».

Otro elemento que está pendiente para la elaboración de las cuentas andaluzas de 2017 es la liquidación del modelo de financiación de 2015, aunque es un elemento que la Junta no considera indispensable. Esta liquidación está pautada con dos años de retraso. Esto es, el Gobierno transfiere a las comunidades los adelantos a cuenta para elaborar sus Presupuestos y, en función del comportamiento tributario y de otros factores de solidaridad territorial, las regiones tienen que devolver dinero o recibir una diferencia.

Es más que previsible que la liquidación de 2015 sea positiva, como ya fue la de 2014, debido a la senda de recuperación que se abrió a partir de 2013.