La Junta se encomienda a sí misma acciones formativas en sanidad

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, dependiente de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta, ha cerrado una encomienda de gestión directa a otra entidad adscrita al mismo departamento de la Administración autonómica, que dirige María José Sánchez Rubio. ¿De quién se trata? La Fundación Progreso y Salud, constituida en 1996. ¿Para qué? La realización de acciones formativas en transporte neonatal.

Según consta en una resolución del pasado 6 de marzo de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, por la que se acuerda el encargo, el coste económico de las actuaciones objeto del mismo asciende a 39.377,80 euros, impuestos incluidos. En ella se defiende que Progreso y Salud, a través de la denominada «línea Iavante», desarrolla como «actividad fundamental» la «formación y evaluación de competencias profesionales, en el ámbito del sistema sanitario público de Andalucía» y cuenta con los medios personales y técnicos «adecuados» para realizar con «eficacia» dichas acciones formativas. Un texto en el que se admite también que la encomienda se encuentra excluida del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2001, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de Sector Público. Es una fórmula que permite obviar esa norma.

En la resolución se explica además que la dirección del organismo encomendante podrá autorizar pagos «en concepto de anticipo», cuya cuantía no podrá superar el 50% del global cercano a los 40.000 euros. Si bien, se matiza que los adelantos que se realicen «deberán quedar justificados antes de los tres meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución de la encomienda –el 30 de noviembre de 2015–» y, en todo caso, «con anterioridad al último pago que proceda», se especifica.

A la luz de lo establecido en ese documento, los «gastos generales y corporativos de la entidad» que recibe el encargo, la Fundación Progreso y Salud, podrán ser imputados «al coste de las actuaciones encomendadas, hasta un máximo de un 6%» de aquél.

Sobre dicha entidad, que se nutre periódicamente de fondos públicos con el visto bueno del Consejo de Gobierno de la Junta, la Cámara de Cuentas de Andalucía emitió un informe, relativo a 2010, en el que se señalaban algunas deficiencias en, entre otros ámbitos, el apartado de personal. Una auditoría que desveló que el ente abonó ese ejercicio al ex ministro Bernat Soria 170.438,51 euros brutos como director de un departamento del Centro Andaluz de Medicina Biomolecular y Medicina Regenerativa (Cabimer). El órgano fiscalizador advirtió, asimismo, de que no había «constancia documental» de que dos contrataciones, del grupo de alta dirección y efectuadas en 2008 y 2009, «se llevaran a cabo mediante procedimientos» que garantizaran «los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, establecidos en el artículo 78.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre», de la Administración autonómica. Y eso no es todo. Según se puso de manifiesto en otro informe de fiscalización de ese ente, referido en esa ocasión a la cuenta general de la comunidad correspondiente a 2012, Progreso y Salud no justificó en plazo libramientos que superaban el 1,2 millones. Cuestión que, según la Junta, está resuelta.