La Junta sigue ocultando información a los peritos que trabajan para Alaya

La Junta de Andalucía reclama celeridad a la juez Mercedes Alaya para que finalice la instrucción de los ERE al tiempo que retrasa la tarea del juzgado al no remitir toda la información que éste le reclama judicialmente. En el último auto de la magistrada antes de irse de vacaciones –fechado el 31 de julio–, Alaya volvió a reclamar al Gobierno andaluz peticiones que ya había hecho anteriormente, algunas en el mes de mayo.

Es el caso de documentación reclamada por los interventores y auditores del Estado que auxilian al juzgado. Por ejemplo, toda la contabilidad de la Agencia IDEA –la empresa pública que actuaba como caja pagadora de los ERE– correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011 «preferentemente en soporte informático» así como los informes de auditoría de cuentas del mismo periodo.

Los peritos solicitan –una petición que hace suya la juez– de nuevo una relación de todos los «intrusos» beneficiarios de prejubilaciones. Igualmente, reclaman más información sobre una de las modificaciones presupuestarias más polémicas. Se trata de un crédito de 20 millones de euros aprobado en Consejo de Gobierno en 2010 –con Griñán de presidente– cuando ya había trascendido el escándalo y que pasó de la partida 31.L –conocida como «fondo de reptiles»– a otro programa, el 32A. Presumiblemente sirvió para el mismo fin: seguir pagando prejubilaciones ya comprometidas. La Junta no ha remitido el expediente completo, según señalan los interventores.

Asimismo, los auditores también estudian la compatibilidad de ayudas instauradas por la Junta con la legislación europea, ya que podrían haber vulnerado «las normas del mercado común», planteamiento ya esbozado por la instructora en algún auto.

En otro auto de la misma fecha, Alaya expone de forma somera los motivos de la imputación que realizó a 23 personas, entre los que se encontraban Javier Ruiz-Mateos y Pablo Ruiz-Mateos –hijos del empresario gaditano– así como sindicalistas, administradores de sociedades y nuevos intrusos.

Con respecto a los Ruiz-Mateos, la titular del juzgado de Instrucción 6 expone que abonaron al conseguidor Juan Lanzas sobres con pagos en «B» de 20.000 o 25.000 euros quincenales o mensuales tras «comprometerse» a que la Administración autonómica financiase las prejubilaciones de un ERE en el Hotel Cervantes, propiedad del Grupo Rumasa. La ayuda que recibieron de la Junta fue de «5,92 millones de euros».