La Junta siguió falseando el presupuesto de IDEA con Griñán de presidente

La juez Mercedes Alaya apuntó la semana pasada en el auto de imputaciones del ex director general de Presupuestos Antonio Lozano una de las claves del caso. La fórmula empleada por la Junta para el pago de las ayudas sociolaborales y subvenciones a empresas, la transferencia de financiación, es ilegal y además se usó por parte de la Administración autonómica con el indiciario conocimiento de que se estaba quebrantando la normativa en materia de Hacienda, con el fin de proveerse de un sistema opaco, discrecional y que alejaba los controles de la Intervención General. La juez se refería en el citado auto en estos términos a la actuación del que fuera «número dos» de Susana Díaz en la Consejería de Presidencia: «Parece que lo que se pretendía por el inculpado, en connivencia con otros, era conseguir un sistema fácil para la concesión de ayudas sociolaborales, de forma que bajo el argumento de la agilidad y la paz social, se otorgaran las citadas subvenciones de espaldas a la Intervención y a cualquier control, vulnerando los principios de objetividad, libre concurrencia, publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación».

La transferencia de financiación podía usarse para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias de una agencia o ente mercantil o para enjugar pérdidas de ejercicios anteriores, «debiendo ser devueltas a la Tesorería las que no se aplicaran para dicha actividad». Sin embargo, la Junta usó la transferencia de financiación para inyectar dinero a la Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA) y que ésta a su vez se encargara de los pagos de la partida 31L, el denominado «fondo de reptiles» de los ERE. Con este subterfugio, la Junta también producía un «desplazamiento en la aplicación efectiva de los recursos públicos, desde la administración general hacia la entidad instrumental», como denunció el ex interventor Manuel Gómez en su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento. Lo que tuvo como consecuencia una pírrica fiscalización, que se limitaba a verificar que existía «el instrumento, su importe y su destinatario». Si el órgano pagador hubiera sido la Consejería de Empleo, que habría ocurrido si la Junta hubiera optado por la subvención excepcional, el control sí se hubiera producido a fondo y «a priori».

Para propiciar el funcionamiento de esta fórmula de las transferencias de financiación, el ex director general de Presupuestos entre 2002 y 2009, Antonio Lozano, «alteró –según señala la juez– la realidad presupuestaria» de la Agencia IDEA, inflando la partida recogida como «otros gastos de explotación». «Con ello se evitaba que en el presupuesto del IFA/IDEA aparecieran altos beneficios haciendo imposible teóricamente el uso de las transferencias de financiación, pues las mismas estaban destinadas a cubrir pérdidas».

El desembolso en «otros gastos de explotación» fue efectivamente muy alto durante el tiempo en el que Antonio Lozano estuvo al frente de la Dirección General de Presupuestos (abril de 2002-abril de 2009). Así puede comprobarse en el balance de pérdidas y ganancias que recoge la Cuenta General de la Junta. En 2008 superó los 27 millones de euros, una de las principales magnitudes para que el resultado consolidado fuera negativo pese a las elevadas transferencias de la Junta. En 2007 este capítulo superó los 36 millones y en 2006 rozó los 20.

Entre 2009 y 2011, con Buenaventura Aguilera –que comparece hoy ante Alaya– como nuevo director general de Presupuestos y con Griñán al frente de la Junta de Andalucía, el polémico capítulo de «otros gastos de explotación» se disparó aún más. En 2009 superó los 42 millones de euros, en 2010 los 50 millones y en 2011, el último ejercicio recogido en la Cuenta General, fue de 44,7 millones de euros.

Buenaventura Aguilera también informó favorablemente y argumentó los motivos de las modificaciones presupuestarias que luego la consejera, Carmen Martínez Aguayo –entre 2004 y 2009, Griñán–, elevó al Consejo de Gobierno. Siguió el mismo «modus operandi» que su antecesor en el cargo, Antonio Lozano. Hay numerosos ejemplos en el sumario del caso. El ex interventor general Manuel Gómez se refirió a estas modificaciones en una carta remitida al Parlamento como «cebar la partida corrupta de los ERE». La juez señaló en el auto de declaración de Antonio Lozano que «se realizaron indebidamente para incrementar la partida de las transferencias de financiación al IFA/IDEA».