La Junta tardaría 26 años en eliminar las infraviviendas prometidas en 2008

Estableció que se adecuarían 5.300 hogares que no reunían las condiciones mínimas para ser habitados y ha ejecutado un 20%.

Doce meses para elaborar un «mapa urbano de la infravivienda en Andalucía» y después cuatro años para adecentar 230 viviendas en cada uno. Ése es el objetivo que la Consejería de Fomento se ha marcado en el recientemente aprobado Plan de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020, que entró en vigor el martes tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). A ese ritmo, la Junta tardaría 26 años solo en cumplir con el objetivo que se marcó en el anterior Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012. En dicho período, la ejecución se ciñó a 835 viviendas, un 16,1 por ciento de lo fijado. En los dos años siguientes, ya con el plan expirado, se mejoraron otros 208 hogares (135 en 2013 y 73 en 2014). El año pasado, al igual que éste, se cerró en blanco en ese apartado. No parece por tanto una prioridad para la Consejería, que se conforma con identificar las zonas con incidencia de viviendas en tan mal estado que no son aptas para habitarlas aunque lo estén. En esta labor va a contar con la colaboración de los municipios y población afectada, según recoge el plan.

El Estatuto de Autonomía –así lo recuerda la Consejería de Fomento y Vivienda en el texto aprobado– alude en los artículos 25 y 37 al «reconocimiento a una vivienda digna y adecuada» y dicta que compete a la comunidad autónoma establecer las prioridades y objetivos en políticas de vivienda, así como velar por sus condiciones y habitabilidad. Según la definición de la Consejería, se consideran infraviviendas aquéllas que tengan «graves deficiencias en sus condiciones de funcionalidad, seguridad y habitabilidad respecto a los requisitos mínimos exigibles, de acuerdo a la legislación aplicable». A lo que habría que sumar las condiciones socio-económicas desfavorables de los inquilinos.

La planificación se divide en dos: el «programa de transformación» de infravivienda se reflejará en 120 ejecuciones como tope –30 por años desde 2017–. Serán los propietarios quienes promuevan la reforma, siempre que vivan en la casa o tengan el derecho real de uso y acrediten unos ingresos por debajo del 1,5 del Iprem.

La concesión de la ayuda se complementará con acciones municipales de seguimiento social, según contempla el texto. Adaptar cubiertas, así como saneamientos, cimentación y estructura o la mejora de la disposición interna son algunas de las obras que permitirán ejecutar. Es indispensable que la Junta haya finalizado su mapa urbano para localizar los focos de la infravivienda y estar incluido en esas zonas para ser beneficiario. El presupuesto no podrá exceder de 31.600 euros, de los que la comunidad aportaría como máximo el 95 por ciento (30.020 euros).

La otra pata de esta intervención es el «programa de actuaciones convenidas» entre administraciones para actuar donde las edificaciones sean especialmente deficientes. Ayuntamientos y Junta irán de la mano para seleccionar los lugares con mayor concentración de este problema. El plan mantiene que «las viviendas resultantes de las actuaciones habrán de ser protegidas de titularidad pública y destinarse de alquiler a residencia habitual y permanente» de familias con ingresos por debajo del Iprem. La erradicación compromete a los ayuntamientos a asumir en solitario las obras complementarias de reurbanización. La aportación regional será prácticamente la misma que en el anterio caso, un máximo de 30.000 euros y el 90 por ciento del coste global; el otro 10 por ciento, como mínimo, correrá a cargo de cada municipio. En ambos casos, las subvenciones deberán convocarlas los ayuntamientos.

En el año 2008, se activó el quinto plan regional de vivienda que regiría en los siguientes cinco años. Hasta entonces, recibían la denominación «de vivienda y suelo»; el parón en el desarrollo urbanístico e inmobiliario ha hecho que el «apellido» mude. Ahora el plan es de «vivienda y rehabilitación», aprobado después de cuatro años en blanco.

Muchos de los objetivos de 2008 no se alcanzaron, principalmente los relativos a promoción de obra nueva. Por ejemplo, para destinarlos a alquiler, de 39.600 pisos previstos se hicieron 13.647, el 34,5%; para venta, tuvieron salida 40.597 de las 92.400 planeadas. Ante la demanda ciudadana, se activaron más ayudas al alquiler y las actuaciones que requerían una fuerte inversión, como la rehabilitación, se frenaron en seco. Los más de cinco mil inmuebles en precarias condiciones que debían reformarse, se quedaron en 835. Ocho años después de aquello, la Junta ni siquiera se plantea recuperar el objetivo y lo rebaja a 1.320 pisos.

Miles de personas que habitan hogares que no merecen ese nombre por sus precarias condiciones seguirán esperando. La novedad es que con el mapa urbano que se elabore al menos sabrán que «oficialmente» habitan una vivienda digna... de ser rehabilitada.