La Junta tendrá en enero la Ley de Transparencia «más avanzada»...

El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, anunció ayer que el Gobierno andaluz aprobará y remitirá al Parlamento en enero la Ley de Transparencia de Andalucía y aseguró que es «más avanzada» que la norma estatal en «profundización democrática».

En una entrevista con Europa Press, Jiménez Barrios destacó que la futura Ley de Transparencia andaluza ha sido objetivo de un importante nivel de participación en todas las provincias, de manera que han sido presentadas más de 500 alegaciones en el trámite de exposición al público del texto, de las que un 21% han sido aceptadas. El consejero apuntó que muchas de las alegaciones que no se han aceptado se referían a aspectos que ya están recogidos en la norma, mientras que las que han sido aceptadas vienen a profundizar en los derechos de la ciudadanía.

Jiménez Barrios señaló que esta norma abarca campos como los relativos a la información insti-tucional, organización de altos cargos, planificación, relevancia jurídica, relaciones con la ciudadanía, agilización de procesos administrativos, conocimiento público, derechos de acceso y límites o protección de datos.

El titular de Presidencia aseguró que la ley andaluza es mucho más «avanzada» que la ley estatal en el sentido de la participación, del conocimiento de los actos de la Administración y de la profundización democrática, haciendo «más permeable a la administración y más cercana a los ciudadanos». Jiménez Barrios expuso que en la norma andaluza se recogen aspectos como el conocimiento público de los expedientes del Consejo de Gobierno. La norma andaluza también dará luz verde a la publicación de los órdenes del día de las reuniones del Consejo de Gobierno.

El consejero confió en que el PP-A participe, haciendo sus aportaciones, y respalde esta futura ley de transparencia porque lo contrario «no tendría sentido», ya que supone profundizar en la calidad democrática.

El consejero señaló que, casi en paralelo a la Ley de Transparencia, irá también la Ley de Participación Ciudadana, dos normas con un amplio sentido de profundizar en la calidad democrática y en la participación de las personas.