La Junta trata de desviar al Gobierno la batalla del impuesto de sucesiones

Pide al Ejecutivo central que asuma la gestión de este tributo y le compense por ello. El PSOE ya suprimió patrimonio y después lo recuperó

Los efectos del impuesto de sucesiones y donaciones han calado como lluvia fina tras la intensa campaña del PP –que pide su bonificación en un 99 por ciento–, y las insistentes reclamaciones de Ciudadanos, que se saldaron en un acuerdo para elevar el mínimo exento de las herencias por fallecimiento hasta los 250.000 euros.

El asunto, reducido durante muchos años a un plano técnico difícil de trasladar a la ciudadanía, se ha colado en las redes sociales, en los programas matinales de televisión y ha descendido hasta las tertulias de barra de bar, que es la esfera en la que cualquier información echa raíz y puede hacer daño. La Junta ha ensayado varias respuestas. De hecho, la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, intervino hace varias semanas en directo en uno de estos programas televisivos en el que traspasó la línea institucional para debatir con uno de los afectados por este tributo. No obstante, la estrategia no ha surtido efecto y, conscientes en la Junta y en el PSOE de que están perdiendo la batalla mediática e ideológica, se han lanzado a disputar la partida en el mismo campo. El Ejecutivo andaluz ha puesto en marcha un simulador del impuesto de Sucesiones y una campaña en medios de comunicación –las primeras cuñas de radio ya se escucharon ayer– para desmontar los falsos mitos sobre este tributo. Además, el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, anunció ayer que la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ha reclamado formalmente al ministro del ramo, Cristóbal Montoro, que el Gobierno central recupere el impuesto de sucesiones y donaciones y compense por ello a las comunidades. Vázquez pidió a Rajoy «que se quede con el impuesto de Sucesiones» y al PP que deje de «enfrentar» y «engañar» a los ciudadanos.

No es la primera vez que la consejera de Hacienda propone esta medida. La novedad es que hasta ahora no lo había trasladado formalmente al ministro de Hacienda, entre otras cosas, por la escasa posibilidad de éxito de la iniciativa. Sin embargo, en plena batalla mediática, el movimiento de piezas es rentable para poner la pelota en el tejado del Gobierno central.

El impuesto de Sucesiones es estatal, pero está cedido a las comunidades autónomas. Andalucía ingresó en el año 2016 por este tributo 379 millones de euros, un 3,33 por ciento menos que en el año anterior, en el que recaudó 392 millones. Ante una eventual e improbable supresión, el Gobierno tendría que compensar a las comunidades en el marco del sistema de financiación, ya que este impuesto forma parte de la cesta fiscal a través de la cual se calculan los ingresos que adelanta el Estado a las comunidades.

No sería la primera vez que ocurre algo parecido. Un ministro de Hacienda del PSOE (Pedro Solbes) suprimió el impuesto de Patrimonio y otra ministra del PSOE (Elena Salgado) lo recuperó. Lo que ocurre es que el peso económico del impuesto de sucesiones es mucho mayor que el de patrimonio, que supuso en 2016 unos ingresos para Andalucía de 80 millones de euros.

El PSOE también ha reaccionado vía parlamentaria y el próximo jueves llevará a la Cámara andaluza una proposición no de ley para que el Gobierno reduzca las diferencias entre las comunidades por el impuesto de sucesiones.