La Junta y sus cuentas del Gran Capitán con la Dependencia

El Consejo de Gobierno andaluz aprobó ayer proponer al Ejecutivo central dos pactos de Estado referentes a la lucha contra la violencia de género y a la defensa del sistema de autonomía y atención a la dependencia. Uno de los puntos relativos a la dependencia apunta a que la Adminstración central vuelva a financiar el 50 por ciento del coste total del servicio. Sin embargo, la aportación global del Estado en el caso de Andalucía supera ese 50 por ciento si se tienen en cuenta los fondos adicionales que no tienen carácter finalista, pero que el propio Tribunal de Cuentas explicita en un informe que se deberían dedicar a este fin.

La financiación de la ley de la dependencia tiene tres patas principales. Los fondos finalistas relativos al nivel nímimo de protección, que corren a cargo del Imserso; la financiación adicional y los recursos propios de las comunidades.

Atendiendo al citado informe del Tribunal de Cuentas Andalucía se encuentra entre las regiones que menos aporta de recursos propios. En el otro extremo está se coloca la Comunidad de Madrid. Tras analizar las cuentas de 2012, el Tribunal de Cuentas llega a la conclusión de que Andalucía aportó de recursos propios solo el 34,98 por ciento para la prestación de la dependencia. El resto corrió a cargo del Estado. «Las comunidades autónomas que mayores recursos propios destinan a la dependencia y cuyo origen no procede de fondos transferidos por el Estado son Madrid (73,26 por ciento), Extremadura (63,08 por ciento) y Castilla-La Mancha (60,13 por ciento), situándose en el otro extremo Galicia (27,48 por ciento), Islas Baleares (32,23 por ciento) y Andalucía (34,98 por ciento)».

La Junta argumenta que Andalucía ha sostenido «prácticamente en solitario» el sistema de atención a la dependencia. Pide que la Administración central «vuelva a financiar el 50 por ciento del coste total del sistema, tal y como marca la ley estatal en vigor, frente a la actual aportación que se ha reducido al 22 por ciento».

Lo que ocurre es que la Junta no incluye los fondos adicionales, que son el pilar fundamental en la financiación del servicio.

El artículo 32 de la Ley de la Dependencia obliga a las comunidades a aportar una financiación al menos igual a la efectuada por el Estado en concepto de nivel mínimo de protección –no del total–, que ronda ese 20 por ciento. Sin embargo, el peso del fondo adicional es superior. Tal es así que Andalucía ingresó 1.680 millones del nivel mínimo de protección (Imserso) entre 2009 y 2013, el 25,27 del global nacional. Sin embargo, el fondo adicional, se elevó en el mismo periodo a 2.250 millones (24,28% nacional).

El Tribunal de Cuentas señala que si bien estos fondos adicionales no tienen carácter finalista, tienen una «íntima vinculación» con «las necesidades de financiación del sistema de dependencia» por parte de las comunidades.

Sanitarios piden la restitución de derechos

Alrededor de medio centenar de profesionales sanitarios se manifestaron ayer en la puerta del Hospital Virgen del Rocío convocados por el Sindicato de Enfermería (Satse) de Sevilla junto al Sindicato Médico de Sevilla y la Unión Sindical de Auxiliares de Enfermería Sevilla (USAE) para reclamar la restitución de los derechos laborales y retributivos recortados a los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Con estas protestas reclaman que se incluya en los presupuestos andaluces de 2016 partidas para la recuperación de todos los conceptos retributivos y derechos laborales suspendidos a los profesionales sanitarios andaluces en los últimos años, así como para la devolución de todo lo sustraído por los recortes. La Junta, sin embargo, sólo ha incluido en las cuentas para el próximo año una partida para resarcir el 25% de la extra suprimida en 2012.