La Mesa del Parlamento queda en el aire tras anular el TC la marcada por el PSOE

A la diputada del PP-A Patricia del Pozo se le ha «privado injustificadamente» de «su derecho a formar parte como secretaria de la Mesa del Parlamento de Andalucía», algo que «pertenece al núcleo de su función representativa parlamentaria, impidiéndole ejercer las funciones inherentes al cargo que le habría correspondido ocupar». Y no lo dice cualquiera. Esas frases forman parte de una sentencia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC), que ha estimado el recurso de amparo que presentó la popular en contra de la actual composición de la Mesa de la Cámara autonómica, en la que el Grupo del PP sólo ostenta una Vicepresidencia, pese a que reclamó también la Secretaría en cuestión, dada la representación parlamentaria que logró en la urnas en las elecciones autonómicas, 33 escaños de 109.

En total, los puestos en liza en la Mesa, órgano rector de la Cámara, son siete. De ellos, el PSOE cuenta con dos, además de la Presidencia que ejerce Juan Pablo Durán; y PP, Podemos, Ciudadanos (C’s) e IULV-CA con uno cada uno, según el reparto que se fijó el 16 de abril de 2015 y dado que el Reglamento del Parlamento obliga a que todos los grupos presentes en el plenario formen parte de dicho ente. Si bien, el Constitucional señala ahora que el presidente de la sesión constitutiva de la Cámara, cargo que recayó en el socialista Luis Pizarro por ser el diputado de más edad, carecía de «competencia para interpretar el reglamento» como lo hizo, puesto que el artículo 29 del mismo atribuye dicha facultad al presidente del Parlamento en sí.

El Alto Tribunal da la razón a Del Pozo en su planteamiento de que Pizarro debió proclamar secretarios de la Mesa a los diputados propuestos que, «por orden correlativo, hubiesen obtenido la mayoría de votos», esto es, secretario primero al candidato del PSOE-A, que obtuvo 47 votos; secretaria segunda a la del PP-A, con 33 sufragios; y secretario tercero al aspirante de Ciudadanos, con 9. Entiende el TC que esa decisión «no puede considerarse respetuosa con el derecho» de la popular a «ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes», en relación con «el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes». Desde esa convicción, la Sala ordena que se restablezca a Del Pozo en su «integridad» el «derecho fundamental vulnerado» y que se anule la composición de la Mesa que se dio por buena aquel abril, por cuanto la parlamentaria del PP ha de «formar parte» de ella «en calidad de secretaria segunda».

Dejado sentado el varapalo, el Alto Tribunal aclara en su fallo que no le corresponde a él interpretar el reglamento de la institución andaluza y que debe ser ésta la que tenga que «arbitrar las medidas oportunas» para cumplir su sentencia. Y suma otra precisión no menor: el camino andado en estos meses de legislatura por la Mesa no tendrá que deshacerse puesto que, «en virtud del principio de seguridad jurídica», el TC deja al margen del «alcance de su fallo» los «actos, acuerdos y decisiones» anteriores a la publicación del mismo. La solución a lo marcado requerirá de un golpe de creatividad que podría pasar por ampliar la Mesa a un miembro más, aunque fuentes parlamentarias avisan de que dada la estructura ello podría suponer continuos «bloqueos» en su funcionamiento, al margen de que «sólo hay siete despachos», ironizan; o por que el PSOE pierda un miembro. Una opción esta última, que otras fuentes indican que «será difícil», dados «los precedentes».

Tras conocer la noticia, el presidente del PP-A, Juanma Moreno, subrayó que el fallo del Constitucional supone un espaldarazo para su partido, pero también para la democracia. Pertrechado con él, el líder de los populares andaluces exigió a los socialistas que dejen de «utilizar las instituciones en beneficio propio» y sentenció: «La legislatura empezó con un pucherazo orquestado por el PSOE e impulsado por Susana Díaz –secretaria general del partido en la comunidad y presidenta de la Junta–». Desde el Parlamento regional, de otro lado, avanzaron que los servicios jurídicos de la institución estudiarán la sentencia del TC una vez que se reciba en el Registro de la Cámara.