La morosidad de la Junta ha costado 600 millones desde 2004, según el PP

Denuncia que los impagos «suponen un grave peligro para milesde empresas» y cifra en 100 días el plazo de los abonos

Según los cálculos de los populares, la morosidad de la Junta ha costado a los andaluces 600 millones de euros en intereses de demora desde el año 2004. Así lo aseguró ayer el vicesecretario de Coordinación Política del PP andaluz, Toni Martín, quien criticó que «la pésima gestión del Gobierno andaluz lastra el desarrollo económico de nuestra comunidad y supone un grave peligro para el mantenimiento de miles de empresas y, por lo tanto, de miles de puestos de trabajo».

Martín subrayó que la Junta «es la mayor morosa de Andalucía e incumple sistemáticamente la ley, que establece un plazo máximo de pago de 30 días», y apuntó en esa línea que cuando una empresa presenta una factura a la Junta va pasando de organismo en organismo en un proceso en el que al menos transcurren 100 días. «Sin embargo, en ese periodo la empresa tiene que seguir pagando nóminas, impuestos y costes operativos, por lo que muchas no pueden soportar la carga», apostilló.

El portavoz popular apuntó como causas de esta morosidad la «falta de liquidez, el desastre organizativo, la pésima gestión y el exceso de burocracia en el seno de la Administración», a la vez que afirmó que «podemos estar ante una estrategia» de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, «para utilizar torticeramente a empresas, ayuntamientos y asociaciones como las entidades financieras gratuitas al retener el dinero que se les debe durante meses para utilizarlo en políticas de autopromoción y propaganda que interesan más políticamente».

Martín señaló que «los andaluces tenemos que pagar anualmente 50 millones de euros en intereses de demora por los impagos de la Junta, lo que supone 137.000 euros cada día del año», y calificó las cifras –obtenidas de la Oficina de Control Presupuestario del Parlamento de Andalucía y de la rendición de Cuentas de la Junta, según informó el PP-A– como «auténticamente escandalosas en una comunidad que supera el millón de parados y que ocupa los últimos lugares de cualquier indicador socioeconómico».

El dirigente popular afirmó que con la citada cifra de 600 millones de euros «se podrían haber construido hasta 200 centros escolares para acabar con las 400 aulas prefabricadas en las que estudian 8.700 niños andaluces».

Con ese dinero, agregó, «se podría haber cumplido la histórica promesa de que ningún andaluz, viva donde viva, esté a más de media hora de un centro hospitalario, porque se podrían haber construido los 26 chares prometidos, de los que 18 están pendientes todavía».

También señaló que el dinero se podía haber utilizado en acabar con problemas de la sanidad andaluza como «las listas de espera, la insuficiencia de personal sanitario durante los meses de verano, los contratos basura del SAS o las carencias de la atención primaria».

Por último, aseguró que se podrían «haber construido 8.000 VPO, solucionando el problema del acceso a la vivienda en Andalucía, y haber pagado a los 100.000 andaluces a los que la Junta les adeuda ayudas por haber comprado una VPO».

Martín remarcó que el PP andaluz «ha pedido reiteradamente en el Parlamento que la Junta cumpla la ley y pague en 30 días a sus proveedores comerciales». Un plazo que incumple insistentemente. Igualmente, ha solicitado «un calendario oficial de los programas de ayudas, que sea un contrato transparente para que los posibles beneficiarios sepan, cuándo solicitar la ayuda, cuándo será resuelta y cuándo será pagada». El dirigente popular concluyó manifestando que el PSOE votó en contra de esta iniciativa en el Parlamento porque «no les interesa y porque saben que no lo cumplirían de ninguna manera y quedarían a la vista las vergüenzas de sus incumplimientos y su desastre de gestión».