La partida 31L, «el programa de Javier Guerrero»

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández asegura que el ex director general de Trabajo tenía «absoluta libertad» y decidía hasta la cuantía de las ayudas «sobre la marcha»

Las costuras estallaron. El pacto tácito de no agresión que se da por hecho entre las defensas se puso a prueba en la trigésima sesión del juicio sobre el «procedimiento específico» de los ERE. La segunda jornada de declaración del ex consejero Antonio Fernández puso el foco de nuevo de lleno en el que fuera director de Trabajo y Seguridad Social durante una década en la Junta, al punto de reconocer que «la partida 31L», el llamado durante la Instrucción «fondo de reptiles», se conocía «en términos coloquiales» como «el programa de Guerrero», quien trabajaba con «absoluta libertad y discrecionalidad». Sobre el procedimiento específico o el criterio aparentemente arbitrario para repartir ayudas, señaló que «no puede haber una norma y no la había, no todo es igual, cada situación de crisis es distinta, con distintas causas. No existía una norma porque no se puede 'normar' lo desigual o distinto. La normativa contemplaba ayudas excepcionales». No obstante, insistió en el marco legal, como ayudas excepcionales, del Reglamento andaluz de Subvenciones de 2001 y la orden del Ministerio de Trabajo de 1995.

Antonio Fernández aseguró que «nunca le he dado una orden para que conceda una subvención o ayuda» y Guerrero ««nunca» le consultó o pidió la aprobación porque «tenía suficiente libertad y responsabilidad para saber cómo tenía que hacer su trabajo». El ex consejero dijo que sólo trataba con el ex director general «las líneas generales» pero hasta la cuantía de las ayudas las decidía Guerrero «sobre la marcha» y «dependía de cada caso».

Fernández admitió que «firmó cinco o seis convenios con transferencias de financiación». «Era un medio habitual de trabajo del IFA». El convenio marco de 2001, «me lo pasaron para firmar» y, como otros documentos, «nadie me advirtió de que estuviera incompleto». «Existía cuerpo normativo suficiente que acogía con carácter distintivo lo que era una subvención de una ayuda», señaló. Los destinatarios «eran los gestores de las crisis empresariales, los firmantes del acuerdo de concertación» y los interlocutores, «el comité de empresa y el empresario o la asociación de empresarios». «Los criterios generales existieron en el momento que había que amoldar los efectos de la crisis», señaló, poniendo los ejemplos de la zona minera de Huelva, donde «no había ni empresarios». El «criterio general» era «atender a los ex trabajadores». «Es una decisión de carácter político», explicó, contraponiendo «el modelo americano» de «no hacer nada» o «el europeo del Estado de Bienestar».

Preguntado por ayudas concretas de Guerrero, apuntó que «imagino que tenía toda la documentación necesaria, para eso está la labor de los técnicos para reclamar los requisitos». Fernández defendió que «nunca he escuchado yo al señor Viera decir cuánto a quién», en relación a la cantidad de ayuda y el destinatario. Las ayudas eran «para trabajadores que habían perdido el trabajo de manera definitiva, mayores de 55 normalmente», haciendo «una distinción justa». «Ese criterio debía inspirar al director general, después cada caso concreto se debía adaptar», señaló. Para las empresas, «las que era conveniente su mantenimiento» y «susceptible de una ayuda para su viabilidad, para mantener empleo». Fernández citó «al hoy gigante Puleva», que «fue perceptor de una ayuda para empresas en dificultades» o Alhambra. La condición para los trabajadores era que «se tenían que hacer su póliza de seguro». «Los trabajadores colectivizaban sus fondos y elegían a la compañía de seguros. Nunca la Consejería seleccionaba la compañía. No era pensable. No procedía. No era un convenio entre Junta y compañía. La compañía recibía la ayuda cuyo titulares eran los ex trabajadores». «El papel de la Junta con la compañía era pagar las ayudas a ex trabajadores», insistió, antes de reconocer que en una ocasión varios consejeros delegados de compañías se reunieron con él por el impago de las pólizas «en 2006 o 2007». Las condiciones particulares de las ayudas «no las conoció por imposibilidad material. Formaba parte de la autonomía de gestión del director general», dijo. El pago de ayudas para abonar nóminas «por falta de cash» es algo de lo que no conoce «la realidad de los casos». Sobre determinados escritos en los que se menciona a Zarrías o a él mismo, indeterminación también: «¿Por qué aparezco yo ahí? Ni lo conozco ni se ha producido». Cuando no aludió al «no recuerdo» o «no lo sé», Fernández tiró del comodín del «jefe de gabinete», «una persona de máxima confianza» y por la que podían pasar asuntos sin él conocerlo siquiera. «Yo no he recibido en mis manos de empresarios peticiones de supuestos compromisos del director general», indicó. El fiscal Egocheaga le mostró una carta en la que Fernández pide al director del IFA que pague a los trabajadores de la Faja Pirítica de Huelva «con cargo al programa de Javier Guerrero». «Toda regla tiene su excepción», se justificó entonces.

Las ayudas con cargo a la partida 31L con los conceptos «Feria de Muestras o Artesanía» con fondos para ayuntamientos las enmarcó en las competencias «de comercio, que estaban en ese tiempo» con Empleo y Desarrollo Tecnológico. «Se quería potenciar las ferias de los pueblos», dijo, apuntando un «gran éxito, algunas aún viven». Fernández desconocía si esas ferias se celebraron realmente porque «no era la actividad principal que tenía que hacer. Este programa no era ni el más importante. La prioridad era desarrollar el SAE y el desarrollo tecnológico». Sobre pagos en publicidad y al 112 con cargo al «fondo de reptiles», dijo al fiscal que «no ordené ni consentí ningún tipo de los pagos que usted me ha mencionado». ¿Rentas vitalicias? «Nunca, ni lo conocía. Lo he conocido por la Instrucción». «No tengo conciencia de que el director general me haya ido con una persona concreta ajena al marco global», relató el ex consejero sobre los intrusos.