La Policía acusa a la Junta de falsedad documental

Avisa al juzgado de que se «falta a la verdad» en un acta del Consejo de Administración de Invercaria

Declaracion del expresidente de Invercaria Tomás Pérez Sauquillo
Declaracion del expresidente de Invercaria Tomás Pérez Sauquillo

Avisa al juzgado de que se «falta a la verdad» en un acta del Consejo de Administración de Invercaria.

La entidad Compañía Eléctrica para el Desarrollo Sostenible SA (Cedes) protagoniza una de las piezas del «caso Invercaria» que investiga el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, bajo la batuta del titular de éste, Juan Gutiérrez Casillas. En ese ámbito, el Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía ha centrado una parte de sus pesquisas en la financiación de dicha sociedad, que recibió del ente de la Junta Inversión y Gestión de Capital de Riesgo de Andalucía SAU (Invercaria), cuya gestión se escudriña, 1.150.000 euros.

Los investigadores han trasladado al órgano judicial sevillano, vía atestado, que la documentación para el análisis del proyecto que acompañó a la asignación de los fondos públicos, en su mayoría préstamos participativos, tiene la solidez de una pelota de tenis durante lo que dura un partido. Los especialistas de la Policía certifican la «inexistencia de propuesta de inversión alguna en el primer tramo de 450.000 euros –cuantía correspondiente a una aportación inicial de 42.000 al capital social de Cedes y a otros 408.000 euros vinculados a un primer préstamo participativo que se le adjudicó en 2008–».

«Los únicos documentos de que se dispone son los planes elaborados por el propio promotor del proyecto, que evidentemente tan sólo refleja previsiones basadas, en lo que puede llegar a denominarse su propio optimismo», se asevera en la documentación policial a la que ha tenido acceso LA RAZÓN. Un escenario que se repite. Y es que la Policía sostiene que más adelante sólo se cuenta con «el documento que justifica la aprobación directamente» de otra «operación de 700.000 euros –un segundo préstamo justificativo para Cedes de 2009–» en «el propio Consejo de Administración de Invercaria». Una circunstancia que los agentes entienden de «especial gravedad», dado que «el comité de inversiones ha analizado y evaluado positivamente el proyecto de Cedes» y, sin embargo, «el técnico que debía haber coordinado dicha operación, el responsable del departamento de Análisis e Inversiones, Manuel Jesús Rodríguez –también imputado–», negó «categóricamente» haber realizado «análisis ni evaluación alguna». Estos hechos, unidos a «la absoluta ausencia de documentación que justifique el estudio de una operación de financiación por importe de 1.150.000 euros», permite a los investigadores afirmar la «existencia de una falsedad documental en el acta del Consejo de Administración de Invercaria» por «faltar a la verdad en la narración de los hechos manifestados». Relación de lo sucedido que, según el Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrución, fue «ratificado» en el «Consejo Rector de la agencia IDEA», otro ente del Gobierno andaluz dependiente ahora como Invercaria de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, en una reunión a la que asistió como vocal una de las investigadas en este caso, Isabel de Haro –ex cargo del departamento de Innovación de la Junta–, aunque ésta «se excusó» a la hora de votar la nueva ayuda destinada a Cedes. ¿Qué alegó para hacerlo? «Incompatibilidad», al ser entonces miembro del Consejo de Administración de Invercaria y consejera de la propia Cedes.

La Policía avisa al juez de que han detectado una serie de circunstancias que les permiten mantener que la participación de arranque en el capital de la empresa y la asignación posterior de los créditos participativos a Cedes hasta completar el global de 1.150.000 euros, se realizaron «en virtud de una decisión no justificada y sin soporte documental alguno». Es más, apuntan en sus informes que no fue hasta dos años después de la última operación, cuando «se formó el expediente que trataba de justificar su concesión, solicitando entonces Invercaria al propio promotor la documentación relativa al negocio que se trataba de emprender». En otras palabras: «La inversión» de la Administración autonómica se llevó a cabo «sin contar siquiera con la documentación del promotor». Y «lo manifestado en el acta del Consejo de Administración de Invercaria de fecha 15 de julio de 2009 en que se aprueba el préstamo de 700.000 euros y se ratifica la inversión anterior por importe de 450.000 euros es falso», recalcan los investigadores.

A ello hay que añadir que, según las tesis policiales ya adelantadas por este periódico, «se novaron los préstamos irregularmente concedidos», lo que en la práctica equivaldría a una condonación de deuda, al compensarse el crédito a cambio de un porcentaje de capital social. En esta pieza se investigan los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones, delito societario y falsedad documental, y en ella se ha señalado a once personas.

Decisión «manifiestamente irregular, adoptada en «el seno de idea»

Un cruce de acusaciones. Esto es lo que se desprende de las declaraciones policiales de dos de los señalados en la investigación armada en torno a la Compañía Eléctrica para el Desarrollo Sostenible SA (Cedes): el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez Sauquillo y la ex cargo de la Consejería de Innovación Isabel de Haro. La Policía traslada al juzgado que instruye el caso que el primero identificó a la segunda como «la persona que dio la instrucción para invertir en Cedes»; si bien, De Haro, dijo a los agentes que desconocía cómo se tomó esa resolución en la mencionada sociedad de capital riesgo de la Junta, dado que ésta «tiene sus propios procedimientos de adopción de decisiones». A lo que sumó que suponía que la concesión de los préstamos a Cedes «partió del presidente de Invercaria en función de la cuantía». Con todo, tras sus pesquisas en el grueso de la causa, los investigadores otorgan una «credibilidad superior» a la versión de Pérez Sauquillo, «en el sentido de que la decisión de invertir» fuera «adoptada en el seno de la agencia IDEA», otro ente de la órbita del Gobierno regional, y de que el papel de aquél «se limitara a acatar y ejecutar una instrucción manifiestamente irregular».