La Policía acusa a la Junta de no controlar el «chollo de las subvenciones»

Confirma al juzgado que las subvenciones concedidas a Faasa «están plagadas de irregularidades y abusos».

La Policía Judicial progresa en el «caso Infoca» que pilota el Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla y que comenzó a hervir hasta salirse del ámbito de la Junta con la denuncia de un funcionario en torno a un concurso del Gobierno andaluz gracias al cual se contrataron medios aéreos destinados al Plan Infoca para el periodo comprendido entre 2015 y 2018, por un valor superior a los 62,8 millones de euros. En un oficio, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, los investigadores analizan los expedientes de ayudas concedidas a una de las adjudicatarias de aquel proceso administrativo, Faasa Aviación, para formación, empleo e infraestructuras más innovación y desarrollo entre 2005 y 2011 y concluyen que las subvenciones «están plagadas de irregularidades y abusos», que supondrían una presunta «adquisición de más» de 4,5 millones por parte de la sociedad .

La Policía asegura en su informe que la empresa «ha tenido continua relación con altos cargos de la Junta», un hecho «lícito y beneficioso para la compañía» que derivó en última instancia en «el conocimiento exhaustivo de los mecanismos internos de la Administración», permitiendo a la mercantil «llevar a cabo la consecución de un montante» de fondos públicos que a los investigadores les parece «abusivo en número y en cuantía».

«Han sido profundos conocedores de los ‘talones de Aquiles’ de la Administración autonómica en materia de subvenciones», se asevera en el oficio, para enumerar: «La falta de fiscalización por la Intervención General –IGJA–» de las ayudas abonadas desde el primero IFA y luego agencia IDEA, la «existencia de exoneraciones masivas de justificaciones pendientes», el hecho de que hasta 2009 no se exigiera «la presentación de facturas justificativas de gastos», la «posibilidad de facturar» entre entes del «mismo grupo empresarial» una vez que se empezaron a requerir esos recibos, o de «pagar las nóminas de los trabajadores de Faasa con cargo a los cursos de formación»; así como la ausencia de «coordinación» entre departamentos de la Junta, que habría permitido el poder «utilizar un mismo gasto para justificar distintos» incentivos.

La Policía dice haber observado por parte del Gobierno andaluz «un ineficaz control a la hora de detectar posibles abusos llevados a cabo por empresas conocedoras del ‘chollo de las subvenciones’ hasta 2009», ejercicio a partir del cual aquél se incrementó, admite, lo que permitió que se incoaran algunos expedientes de reintegro del dinero público, que en el caso de Faasa han sido cuatro. Insuficientes, a juicio policial, para «recuperar» el total «presuntamente recibido de más por esta compañía». ¿A qué cantidad ascendería éste? Los investigadores han calculado el valor estimado de lo que «podría haberse apropiado» la entidad, en los tres grandes apartados diseccionados –formación, empleo e innovación y desarrollo– a través de una fórmula estimativa fundamentada en la propia acción de la Junta con sus peticiones de reingreso de fondos y ha trasladado al juzgado que la empresa cordobesa podría haber impartido sus cursos formativos por 4.363.069,35 euros «menos». A ello hay que sumar 31.187,61 y 122.874,57 euros ligados a las otras ayudas, con lo que el «excedente de dinero público adquirido por Faasa», se eleva para la Policía Judicial hasta los 4.517.131,53 euros. Si bien, hay que tener en cuenta que, como se admite en el voluminoso oficio de 118 páginas, los agentes ni siquiera saben si han podido estudiar la globalidad de las ayudas asignadas a Faasa por el Ejecutivo regional para conocer lo supuestamente «malversado» ya que, como ya adelantó este periódico, la propia Intervención de la Junta reconoció en un escrito aportado a la causa «no tener conocimiento de determinado tipo de subvenciones emitidas directamente desde la agencia IDEA». Y hay otro dato que resulta «desalentador» para los agentes: la posibilidad de que a empresas filiales o pertenecientes al grupo también se les haya asignado dinero público y en esos expedientes «también se hayan cometido abusos como los presuntamente llevados a cabo con Faasa», lo que hubiera supuesto una nueva merma a las arcas de la Administración regional, se apunta en el informe.

En definitiva, la Policía transmite al juzgado que en el transcurso de sus pesquisas han encontrado «irregularidades» significativas en los expedientes de ayudas destinados a Faasa, como también detectaron «desajustes» en las declaraciones «ante el fisco» de éstas, o que en la mesa de contratación de los medios aéreos para el Infoca no se adoptaron «todas las medidas aconsejadas para la prevención de conductas colusorias por parte de las empresas licitadoras». Sin embargo, fuentes de la empresa defienden su gestión de las subvenciones y en relación a las recibidas para actividades formativas en concreto, señalan que «parte de ellas no se han cobrado» y «han sido reclamadas» judicialmente y que los cursos «se completaron en su totalidad».