La región es la tercera que más debe a las empresas de tecnología sanitaria

Tras Valencia y Madrid, Andalucía es la tercera comunidad autónoma que más debe a las empresas de tecnología sanitaria. Según el balance aportado a LA RAZÓN por la Federación Española de Tecnología Sanitaria (Fenin), la deuda de la Junta ascendía el pasado mes de julio a 81 millones de euros, un 9,7 por ciento del déficit total, que alcanzaba los 834 millones de euros. Una cifra que vuelve a dejar al descubierto las debilidades del sistema sanitario público andaluz, lastrado en los últimos meses por las constantes denuncias de profesionales y pacientes y que tuvo como punto de inflexión recientemente el desgraciado accidente en el que una joven perdió la vida en un ascensor del sevillano hospital de Valme.

Valencia encabeza la lista con una deuda de 194 millones de euros, seguida de Madrid con 84. Tras Andalucía se sitúan Cataluña, con 74, y Galicia, con 59. Según Fenin, el déficit total aumentó respecto al mes anterior en 118 millones de euros, un 16,48 por ciento.

En cuanto a los plazos medios de pago, Andalucía es de las comunidades autónomas que menos tardan en abonar las facturas, alcanzando los 57 días. La que registra los periodos más abultados es Valencia, con 210 días de media, y la que menos Navarra, con 44. Sin embargo, Andalucía incumple su propio decreto relativo a la garantía de los tiempos de pago, aprobado en Consejo de Gobierno el pasado mes de enero. La norma fija en 20 días naturales el pago de las facturas de proveedores de servicios vinculados a la salud, la educación y los servicios sociales, «con el fin de proteger los sectores esenciales del Estado del bienestar y defender el empleo en estos ámbitos prioritarios», tal y como aseguró el Ejecutivo de Susana Díaz. Entre otras novedades, el decreto establece la posibilidad del cobro directo a través de los bancos –con los que se suscriban convenios de colaboración– si la Administración autonómica no cumple el plazo de 20 días. Precisamente, el balance de Fenin arroja una cifra que supone el triple de lo que fija la norma autonómica.

En concreto, el decreto establece que se atenderán facturas de servicios asistenciales, conciertos –transporte en ambulancia, diálisis o rehabilitación– y las partidas necesarias para el funcionamiento de los centros sanitarios y hospitales, como las relativas al agua, gas, limpieza, lavandería, productos alimenticios y prestaciones farmacéuticas y complementarias.

Asimismo, se crea la Oficina de Atención a Personas Acreedoras, una sede electrónica que permite el acceso a la información sobre el estado de tramitación de las facturas, así como obtener un certificado que acredita la deuda vencida en el caso de reclamación por demora. En estas situaciones, según apuntó la Junta, el proveedor recibiría contestación en siete días hábiles, indicándole la fecha prevista para el abono de la factura. Junto a ello, la oficina elaborará una memoria anual sobre las actuaciones realizadas, que se trasladará al Consejo de Gobierno y a la Comisión de Hacienda del Parlamento andaluz.

También está previsto que el sistema envíe alertas de forma automática a los órganos encargados de reconocer las obligaciones y de pagar a los proveedores –consejerías y agencias– cuando tengan facturas próximas a su vencimiento.

Según apuntó el Gobierno andaluz, la Junta gestiona cada año más de un millón de facturas, «de las que más del 80 por ciento se presentan telemáticamente a través del Punto Único de Factura Electrónica, un factor que contribuye a reducir los plazos de tramitación y los pagos». El año pasado la Administración autonómica realizó abonos por un importe superior a los 8.200 millones de euros. El 76 por ciento de las facturas se destinaron a la cobertura de gastos en sanidad, educación y dependencia.

Fenin, entidad fundada en 1977, cuenta entre sus asociados con empresas de ámbito nacional e internacional que ponen a disposición de los sistemas sanitarios públicos y privados productos de uso hospitalario, de utilización en la atención primaria y de dispensación en oficinas de farmacia, así como utensilios requeridos en terapias y atención domiciliaria, incluyendo prótesis, accesorios y aparatos de diagnóstico y monitorización. El sector de la tecnología sanitaria genera en España 6.900 millones de euros, con 1.000 empresas y 25.000 empleados.