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La renta mínima choca con la realidad

El presupuesto de 198 millones para personas en exclusión mejora las condiciones anteriores pero sigue siendo una medida escasa. Su cuantía y el tiempo que se paga están por debajo de la media de España

El presupuesto de 198 millones para personas en exclusión mejora las condiciones anteriores pero sigue siendo una medida escasa. Su cuantía y el tiempo que se paga están por debajo de la media de España

En el artículo 23.2 del Estatuto de Autonomía aprobado en 2011 comienza la confusión política y terminológica con la prestación social para personas en exclusión: «Todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto en la ley». Este «derecho» es lo que estaría garantizando el Gobierno andaluz a través de la «renta mínima de inserción» anunciada por la presidenta en verano. Los Presupuestos para el próximo año han confirmado una partida de 198 millones para cubrir las necesidades de miles de andaluces acuciados por su extrema situación económica. El cálculo es que beneficiará a 42.500 personas. Este primer punto ya choca frontalmente con el concepto de renta básica, que implica universalidad:«es un pago individual, incondicional e independiente de cualquier otro ingreso», según la definición establecida en la tesis doctoral de la Universidad de Cádiz «Las rentas mínimas de inserción. Una aproximación sociológica al ‘Programa de Solidaridad de los andaluces’ en la provincia de Cádiz», –concretamente Jerez, San Fernando y El Puerto–, publicada en abril. «Las rentas mínimas de inserción, en cambio, son prestaciones económicas que tienen la finalidad de que ningún ciudadano se quede sin un mínimo de protección social», señala su autor, Francisco Estepa Maestre. Serían, por tanto, dos términos muy distintos. Dos conclusiones del estudio destacan, tras entrevistar a medio centenar de usuarios, políticos, técnicos y especialistas –que gestionan el cobro–: que las cantidades son insuficientes y no se cumple el requisito paralelo de realizar un itinerario de inserción social y laboral que permita a esas personas desenvolverse para abandonar su precaria situación. Los técnicos de los ayuntamientos consultados también se quejan unánimemente de la falta de medios humanos y materiales para dar respuesta en un tiempo razonable a las cientos de solicitudes presentadas.

Todas las comunidades autónomas incluyen en su cartera de prestaciones una renta mínima de inserción. Su cuantía y el período durante el que se paga varía considerablemente de unas a otras. Paradójicamente, las tres con las rentas más bajas –Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, por debajo de los 22.500 euros– son precisamente las que mayores restricciones imponen en esta prestación: seis meses –prorrogables excepto en Andalucía, aunque ampliado a doce para el próximo año–. En Asturias y Castilla-León no hay límite temporal para la percepción, que se mantendrá siempre que se cumplan los requisitos establecidos, con valoraciones anuales para corroborarlo. Andalucía (406 euros) se sitúa por debajo de la media de 436 euros. Navarra y el País Vasco encabezan las mensualidades más altas. Superan los seiscientos euros y pueden llegar a 972 en función de los miembros de la familia. La limitación temporal es habitual en la mayoría de regiones, solo Asturias no lo establece, según la Memoria 2016 del Consejo Económico y Social de España.

El aumento presupuestario en 2018 es un avance innegable. Los beneficiados serán menos de los 51.656 que lo cobraron en 2015, pero la ayuda se extenderá un año. El período con mayor alcance fue 2013: 55.711 personas percibieron el llamado «salario social». Solo en 2016, fueron rechazadas o archivadas el 39% de las solicitudes (21.904 frente a las 34.980 aceptadas). Entonces se pagaban durante un máximo de seis meses. El presupuesto destinado a ello alcanzó los 111 millones, diez menos que en 2015. Las oscilaciones presupuestarias están conectadas con los compromisos futuros adquiridos, ya que la previsión estaba en torno a 90 millones anuales. El aumento de peticiones en 2015 obligó a reservar 32,5 millones del siguiente ejercicio, provocando una reducción tanto de usuarios como de dinero disponible en 2016, como explica en su Memoria de actividades la Secretaría General de Servicios Sociales, perteneciente a la Consejería de Igualdad. La realidad es que desde 2013, cuando se alcanzó el tope de 148 millones y 55.711 beneficiarios, ambos parámetros han sufrido una caída notable. Los Presupuestos de 2018 recuperarán y aumentarán la cuantía hasta los 198 millones. Pero la cuestión de fondo es ¿por qué se habla de renta básica cuando se aspira a una renta mínima?

La Ley de Renta Básica ha sido una reivindicación histórica de IU. Durante su etapa en el Gobierno andaluz (2012-2015), el único avance fue la creación de un grupo de trabajo. Su planteamiento nunca pasó por que fuera universal –incluso no pueden recibirla menores de 25 años, excepto ex tutelados por la Junta–. Tanto la Junta, a través de la consejera de Hacienda, como el PSOE, por boca de su portavoz parlamentario, se detuvieron especialmente durante el pasado debate de los Presupuestos en lo que calificaron como una «medida histórica», a la que se refirieron repetidamente como «renta básica». Parece una mera cuestión de términos, pero la diferencia entre una y otra es muy amplia. Ambos políticos insistieron además en calificarlo como «un nuevo derecho» pese a que en principio solo continúa con lo implantado en 1.999, cuando nació el salario social. Los cálculos de la organización Save the Children señalan que para que la renta mínima tenga un verdadero impacto debería al menos triplicar el dinero destinado. De otra forma, miles de familias que cumplen los requisitos seguirán recibiendo una negativa.