La UE suspendió pagos a la Junta tras quintuplicar la tasa de irregularidades

El Gobierno andaluz anuló más de 46 millones de euros del Fondo Social Europeo que estaban pendientes del pago por parte de las autoridades comunitarias cuando estalló el escándalo para evitar que se produjera «desconfianza».

Las irregularidades detectadas en ayudas de la Unión Europea, buena parte de ellas relacionadas con cursos de formación, están teniendo un fuerte impacto para Andalucía. Por una parte, la comunidad ha tenido que descertificar 46,9 millones del Fondo Social Europeo para no crear «desconfianza» en la UE. Pero lo que es más grave es que, tal y como desveló ayer la interventora adjunta del área de Control y Fondo Europeo y Subvenciones, María Teresa Arrieta, la UE mantiene suspensos los pagos de este programa operativo desde 2014.

Arrieta, que compareció ayer en la comisión de investigación de los cursos de formación, argumentó que esta suspensión de pagos se produjo como resultado de los estudios de auditoría que llevó a cabo la Intervención General y el posterior informe de control anual. La tasa de irregularidad permitida por la UE, que está relacionada con el porcentaje de población, es del 2 por ciento. Sin embargo, en el caso del Fondo Social Europeo éstas se dispararon en Andalucía hasta el 10 por ciento.

La suspensión sigue vigente, aunque la interventora adjunta de fondos europeos señaló que ya se está en «trámite» para un levantamiento que podría ser a lo largo de 2016, aunque «los plazos son muy largos». La suspensión de pagos fue comunicada en 2014 tras un primer aviso en el año 2013. La Dirección General de Fondos Europeos ya ha llevado a cabo una serie de revisiones para ajustarse a los parámetros marcados de la Unión Europea. Las autoridades de la UE, de hecho, tal y como relató la alto cargo de este órgano de fiscalización interna, han realizado recientemente una inspección «in situ» para verificar que se estaban llevando a cabo las medidas oportunas y ahora la tasa de irregularidad ya está por debajo del umbral del 2 por ciento.

El otro asunto que centró la atención en la declaración de la interventora adjunta fue la descertificación de ayudas que también tuvo que acometer la Dirección general de fondos europeos debido a las irregularidades que se estaban detectando y a la judicialización del caso.

Esta descertificación se produjo también en 2014, cuando la existencia del fraude ya había explotado mediáticamente y estaba en vía judicial –18 juzgados están llevando a cabo actualmente diligencias–. En total son 46,9 millones de euros del Fondo Social Europeo del anterior periodo, el correspondiente a 2007-2013. Son ayudas que ya estaban certificadas para que la Unión Europea procediera al pago tras las pertinentes revisiones, pero la Junta decidió dar marcha atrás a todo el proceso para evitar la incertidumbre.

«La oficina de lucha antifraude está muy pendiente de lo que ocurre en todos los países miembros», señaló la interventora adjunta. Las noticias en prensa sobre el escándalo de los cursos de formación y los procedimientos judiciales abiertos podían generar «dudas» por parte de la UE. Con idea de que no se produjera «desconfianza» –un término que más tarde matizó Arrieta e incluso llegó a retirar– la Dirección general de fondos europeos decidió lo que la interventora adjunta llamó «reprogramación», con el fin último de «afianzar la financiación europea».

En la práctica consistió en que los 46,9 millones de formación profesional se pasaron al capítulo de formación reglada. Como consecuencia última, la Junta deshabilitó una vía de acción que difícilmente será recuperable. La propia interventora adjunta reconoció que para el marco 2014-2020 hay previsto dinero para la formación, pero que será «muy poco».

El momento más tenso de la declaración se vivió cuando tomó la palabra la diputada del PP Teresa-Ruiz Sillero. La dirigente popular afeó a Arrieta que haya rectificado declaraciones previas ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por lo que su testimonio carecería de plena veracidad. «No me desdije de nada. Además agradecería que si es así no hable conmigo», le respondió de vuelta la responsable de la Intervención General.

Los datos de las descertificaciones que ofreció Arrieta no coinciden con los que maneja el PP y así lo expuso Teresa-Ruiz Sillero, que recordó que el anterior director general de Formación Profesional para el Empleo, Carlos Cañavate, ya dijo ante la Guardia Civil que sólo en su departamento se habían «descatalogado» del presupuesto 270 millones de euros para cubrir el agujero creado por la gestión irregular.

La interventora adjunta del área de Control y Fondos Europeos y Subvenciones dijo desconocer esta cifra, al igual que otras cuestiones. Arrieta dijo no tener datos precisos –tras la pregunta formulada por la diputada de IU Elena Cortés– sobre la cantidad global destinada a formación profesional para el empleo en el periodo 2002-2011. Tampoco tiene conocimiento del importe certificado en el mismo periodo, como le expuso la diputada de Ciudadanos Marta Bosquet.

Por el contrario, Arrieta cifró en torno a 440 millones la cantidad correspondiente al Fondo Social Europeo del marco anterior, el correspondiente a 2007-2013. La Intervención en la que se encuentra adscrita María Teresa Arrieta ha auditado desde el año 2002 –en estas auditorías se aplica un sistema aleatorio de muestras– un total de 481 subvenciones, que se corresponden con 277 millones de euros. De esta cantidad, la Intervención ha propuesto el reintegro de 5,9 millones.

El diputado del PSOE Rodrigo Sánchez Haro protagonizó un fuerte enfrentamiento con la diputada del PP Teresa-Ruiz Sillero, a la que acusó de someter a coacciones y «presiones intolerables» a la responsable de la Intervención. El presidente tuvo que terciar porque no estaba en su turno de palabra. También tuvo un rifirrafe con Marta Bosquet (C’s), que aludió a unas declaraciones ante la UCO de Arrieta.