Lanzas incluyó a intrusos relacionados con un amigo con el que cazaba

Uno de los puntos claves para hacer negocios con la Junta de Andalucía en la última década, según se desprende de la investigación del caso de los ERE fraudulentos en la Administración andaluza, son las cacerías, convirtiendo las ayudas sociolaborales en un coto privado y alejado de la libre concurrencia. Uno de los imputados que declararon ayer ante la juez Alaya indicó que el «conseguidor» de los ERE y ex sindicalista de UGT Juan Lanzas incluyó a varios intrusos en las pólizas relacionados con un amigo «personal» con el que «compartía jornadas de caza en el coto privado propiedad del inculpado», según reza en la declaración judicial a la que accedió LA RAZÓN de Andalucía.

El intruso Juan José Viedma Gallardo, relacionado con el ERE del Matadero Fuente Obejuna se acogió a su derecho constitucional a no declarar, al igual que su hija, Juana Pilar Viedma Ocaña (que con «tan sólo 30 años» suscribe la póliza y «percibiría rentas mensuales superiores a 4.000 euros y que alcanzaría la cantidad total de 111.684,51 euros), y su pareja, Adoración Navarro (que firmó con 40 años, «habiendo percibido» 117.564,36 euros). La juez Alaya les imputa los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

La magistrada de Instrucción número 6 considera que Juan José Viedma, a través de su amistad con Lanzas, «conocería la influencia» que éste tenía en la Consejería de Empleo «hasta el punto que a través de él se podían obtener ayudas procedentes de los fondos públicos andaluces». «Ante la mera solicitud verbal» del imputado, Lanzas «se comprometería a realizar las gestiones oportunas para que la misma fuera concedida», «aprovechando que en ese momento» el conseguidor «estaba mediando en el expediente relativo» a Matadero de Fuente Obejuna, en Córdoba.

Quid pro quo

Como contraprestación por las pólizas, según la juez, Lanzas pidió a los intrusos que realizaran contratos «a todas luces falsos» a los trabajadores del matadero a los que les cumplía el paro, a través de Juana Pilar Viedma, que era «administradora de Técnicas Agrícolas Ecológicas e Integradas», «permaneciendo dados de alta de 16 a 21 días» con «el solo fin expuesto de solicitar el convenio especial con la Seguridad Social» y ser incluidos en el Expediente de Regulación de Empleo.

Juan José Viedma negó los hechos ante la magistrada y también haber «sido amigo de Juan Lanzas» ni serlo. No declaró nada más, alegando que necesitaba más tiempo para preparar su testifical ante la juez.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó para él una fianza de responsabilidad civil de 229.248,87 euros más el tercio legal. La acusación que ejerce la Junta solicitó una fianza civil de 512.863,65 euros. En el caso de Juana Pilar Viedma, el Ministerio Público pidió 111.684,51 euros –cantidad de la póliza suscrita– de fianza. La Junta exigió 352.593,76 euros. Para Adoración Navarro, pareja de Juan José Viedma, Anticorrupción requirió una fianza civil de 117.564,36 euros y la Junta de Andalucía, 160.269,89 euros.