Las comisiones de la Junta superaban en un 80% la media

Los peritos del Ministerio de Economía señalaron a Núñez Bolaños que no se cumplían las normas técnicas y el perjudicado era el tomador al subir la prima

Los peritos de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía señalaron ayer ante la jueza de Instrucción 6, en la pieza sobre las comisiones de los ERE que los pagos de la Junta por este concepto superaban la media del mercado. Según señalaron fuentes del caso a LA RAZÓN, los peritos ratificaron su informe. Los expertos realizaron una comparación con las tres aseguradoras y mediadoras más importantes de toda España y confirmaron que las comisiones relativas a los ERE no cumplían las normas técnicas y las mismas, al ser tan altas, perjudicaban al tomar de la póliza. ¿Por qué? A más comisión, mayor prima. En concreto, detallaron que las comisiones de las pólizas financiadas por la Junta superan en un 80% las comisiones en pólizas iguales no financiadas con fondos públicos. También explicaron que la labor que desempeñaba la mediadora Uniter no justifica una comisión superior a la media.

Núñez Bolaños, mediante un oficio, requirió identificar las personas a las que se haya entrevistado o tomado declaración, las consultas realizadas a diversas aseguradoras y corredores de seguros, copia de la información íntegra obtenida de la aseguradora Generali, tanto pólizas financiadas por la Junta como en otras no financiadas por el Gobierno andaluz, cualquier otra actuación tenida en cuenta para las conclusiones del aquel informe. En el mismo, con fecha de noviembre de 2017, se concluye que la Junta pagó en algunos casos hasta un 90% más por la intermediación en las pólizas financiadas por la administración autonómica que lo que se abonaba en las pólizas pagadas por empresas privadas. También indicaron, e insistieron ayer, que el importe o porcentaje de comisiones «no está tasado por ley» y por tanto es «un mercado libre, pero es el propio mercado el que fija los precios».

Por otro lado, también declararon peritos del Ministerio de Trabajo en la pieza de Riogrande, asegurando que las ayudas de la Orden de 1995 se sometían a la legislación de subvenciones de cada momento y cuando entró en vigor la Ley General de Subvenciones se amparaban en ella. Según declararon, en la Orden del 95 concurrían los requisitos de publicidad y concurrencia. Los peritos explicaron que desconocen los pormenores relativos a las comunidades.