Las críticas de Alaya se cuelan en la tercera sesión del juicio

Las cuestiones previas se posponen al 9 de enero tras la lectura de los escritos de las partes

La sombra de la jueza Alaya, como la de los árboles que rodean a los juzgados del Prado de San Sebastián, es alargada. Las palabras de la instructora original del «caso ERE» en una conferencia en Valencia centraron la atención de la tercera jornada del juicio por el llamado «procedimiento específico». Alaya habló de «incertidumbre fea» ante los posibles recursos a la sentencia que dirimirá la responsabilidad penal de los ex presidentes Chaves y Griñán y 20 altos cargos más de la Junta durante dos décadas. Las reacciones se sucedieron desde todos los frentes, incluido el seno de las propias instancias puestas en duda. En lo que al juicio en sí se refiere, el magistrado Calle Peña trató de retomar el tiempo de retraso que ha conllevado la lectura de los escritos, o parte de ellos, de las acusaciones y defensas, al objeto de concluir este año con las cuestiones previas. La imposibilidad de las partes, al no haber opción de prorrogar las sesiones, obligó definitivamente a la Audiencia a posponer este trámite al 9 de enero.

Alaya habló de la falta de independencia del poder judicial en una charla en Valencia y señaló que aunque tiene «la mejor» de las sensaciones ante la vista oral, le genera «una incertidumbre fea» la sentencia que pueda dictarse con posterioridad. La magistrada señaló que la sentencia que se dicte, previo recurso, pasará a la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, «teniendo en cuenta que un tercio de sus miembros ha sido elegido por el Parlamento autonómico y el presidente del tribunal, al que tengo todos mis respetos, también es un cargo discrecional». Fuentes judiciales señalaron que el Alto Tribunal andaluz sólo puede actuar ante los recursos de causas instruidas a partir del 6 de diciembre de 2015, según la Ley Orgánica 41/2015 de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales, que establece que la segunda instancia penal en los tribunales de justicia autonómicos se aplicará únicamente en los procedimientos incoados con posterioridad a los dos meses de la publicación en el BOE de la norma, esto es, después del 6 de diciembre de 2015. La pieza del «procedimiento específico» se abrió en noviembre de ese año. En cualquier caso, la Sala de lo Civil y Penal del TSJA puesta en duda por Alaya la componen el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, quien defendió a la jueza durante la instrucción hasta que pudo (esto es, hasta que la magistrada arremetió contra su sustituta); el que fuera presidente de la Sección Segunda de la Audiencia de Almería hasta abril de 2015, Juan Ruiz-Rico; y el magistrado Miguel Pasquau Liaño, el único que fue elegido por el Parlamento andaluz, según fuentes del TSJA, y nombrado en 2001 a propuesta del PSOE. Pasquau, precisamente, se ocupó de las instrucción de los aforados andaluces del «caso ERE» en 2015 y devolvió la causa al juzgado hispalense sin pronunciamiento.

El abogado de Griñán, José María Mohedano, en declaraciones al Grupo Joly, fue el más explícito al abordar las críticas de Alaya: «Cuando las sensaciones se convierten en pasiones y sustituyen a los razonamientos, acaban poniendo en evidencia a su autor, que olvida o no conoce que el conocimiento de los recursos contra las sentencias de la Audiencia de Sevilla son competencia del Tribunal Supremo». «Con todos mis respetos, no parece prudente ni sensato que un juez ponga en cuestión de forma corriente la independencia de jueces de otros órganos jurisdiccionales; ni que envíe al público opiniones subjetivas sobre un juicio actual de cuya instrucción ella se ocupó. Tanta insistencia de un juez en la independencia de los demás me recuerda el refrán español ‘dime de qué presumes y te diré de que careces’», concluyó Mohedano, quien, previamente señaló que «es absolutamente falso que se haya apuntado por parte de su defensa a una «hipotética responsabilidad» del ex interventor general en su escrito de conclusiones provisionales. En el juicio en sí, la defensa del ex interventor Manuel Gómez defendió que «no omitió actuación debida alguna» y realizó «numerosos informes» para «alertar» de las irregularidades administrativas detectadas en los procedimientos de adjudicación de subvenciones y ayudas por parte de Empleo. El abogado Adolfo Cuéllar, defensa del ex secretario general de Empleo Javier Aguado Hinojal, apeló a la «brillante» exposición de la Junta en su escrito en el que pidió el archivo de esta pieza al no haber «ninguna trama criminal» y cuestionó que la Fiscalía pida la devolución de los 741 millones de las partidas del «procedimiento específico» sin plantear incluir en la causa a los 6.000 beneficiarios de las ayudas como poco como partícipes a título lucrativo.